La agricultura urbana no es un jardín
La producción y distribución de alimentos pasa por la puesta en marcha de políticas públicas urbanas que conecten e integren las ciudades en su entorno rural
El Foro Urbano Mundial que tuvo lugar hace unas pocas semanas en Medellín, arrojó cifras exorbitantes, aunque ya conocidas, sobre la evolución demográfica del planeta, pero más alarmantes fueron los datos que demostraban la general ausencia de políticas de planificación cuando se trata de la alimentación en las ciudades.
Por primera vez en la historia, más del 50% de la población mundial ya vive en las ciudades. Según las Naciones Unidas (ONU), de mantenerse el actual ritmo de crecimiento, la cifra podría alcanzar el 60% en 2030, y en 2050, se espera que la población urbana aumente de 3.300 a 6.500 millones, a la vez que la población rural disminuirá de 3.380 a 2.790 millones.
Los últimos 50 años el tamaño de las ciudades no han dejado de crecer, concentrando cada vez más y más gente en grandes ciudades y generando un desplazamiento de población como nunca ha pasado, del campo a la ciudad. Este es en un cambio que va mucho más allá de lo cuantitativo, no es un mero trasvase de personas de un medio a otro, sino de un cambio social, económico y cultural de incalculable transcendencia.
El actual modelo global e industrializado ha posibilitado la desconexión alimentaria de las ciudades de su entorno rural y de su propio sector primario, pasando a abastecerse directamente de mercados globales, de alimentos que pueden venir de cualquier país, lo que se ha venido en llamar alimentos kilométricos. Un mercado globalizado que ha transformado sin darnos cuenta nuestra realidad, así cada vez más consumimos productos importados, Según el informe EatingOil: Food in a Changing Climate, el transporte de alimentos a larga distancia casi se duplicó en el período entre 1968 y 1998.
Este sistema alimentario que algunos han venido en llamar nowherefood, ya sabemos al día de hoy que no es sostenible ni medioambiental ni socialmente. Se trata de una de las grandes causas de la crisis climática, y es responsable de entre el 44 % y el 57 % de las emisiones globales de gases invernadero, ni socialmente ya que es causante en muchos países del sur del desplazamiento de tierras dedicadas a la alimentación local para dedicarlas a productos de exportación poniendo en peligro su propia alimentación.
Esta globalización de la agricultura ha generado además un cambio enorme en la evolución de las propias ciudades, pasando de urbes de de tamaño medio, blandas, que crecían en función de los recursos locales disponibles, conectada con su entorno y permeable a lo rural, a otra de consistencia dura, aislada de su entorno rural y alimentario.
Sin embargo, en este momento sabemos que este modelo de ciudad de crecimiento desorbitado y desconectado de lo rural solo ha sido posible por un modelo económico basado en petróleo abundante y barato, y sabemos también que esto toca a su fin, por tanto estamos a las puertas de un proceso de transformación radical del sistema alimentario.
Un sistema que ya no podrá basarse en una energía barata derivada de combustibles fósiles, pero que por otro lado, deberá asegurar una alimentación sana, a un precio asequible para amplias capas de población y con una reducción radical de su impacto ambiental. Por tanto una alimentación basada en la proximidad y en la diversidad.
Esta transformación que ha empezado lo está haciendo en torno al desarrollo de sistemas alimentarios locales, y por tanto la reconexión de los espacios urbanos y rurales se visualiza como una ecuación crítica de la que dependerá buena parte el éxito de este proceso.
En este contexto la agricultura periurbana adquiere una enorme dimensión e importancia. Zonas que son particulares porque expresan una franja de transición rural-urbana donde tienen lugar dos realidades socioeconómicas y políticas con características propias, y donde tienen lugar intensos conflictos entre prioridades y dinámicas. Uno de los conflictos más evidentes es y será el uso del suelo y la presión de la construcción y expansión de las ciudades.
Si bien este enorme desafío está encima de la mesa, con amplio consenso en cuanto a su importancia y diagnóstico por todos los actores involucrados, gobiernos, sociedad civil, comunidad científica e industria alimentaria, las soluciones divergen enormemente. Por ahora salvo honrosas excepciones, la realidad indica que por ejemplo en nuestro existe una ausencia total de políticas públicas hayan afrontado este enorme reto de planificación y transformación social
El sistema alimentario basado en la importación no es ni medioambiental ni socialmente sostenible
Las administraciones públicas no solo han hecho dejación en cuanto a las políticas y decisiones y por tanto se trataría de una asignatura pendiente, sino que conscientemente en muchas ocasiones lo han dejado en manos de los mercados y grandes empresas alimentarias.
En este sentido es urgente reivindicar el desarrollo de políticas públicas específicas para estas zonas que incorporen estrategias locales muchos más ambiciosas y planificadas de agricultura urbana y periurbana y que pongan en el centro de las mismas no las grandes multinacionales sino al campesinado y sus organizaciones.
Políticas públicas que en primer lugar reconozcan legalmente esta especificidad y que incorporen instrumentos para la conservación y promoción de parques agrarios, y no sólo eso, sino que establezcan los instrumentos jurídicos y planes específicos que sean capaces de generar una ordenación del territorio pensando en esta actividad agrícola. Por tanto, que se delimite cuanto antes zonas de valor agrícola y se las proteja, debido a la dinámica expansiva de la planificación urbanística que genera un incremento exponencial del precio de la tierra haciendo inviable el acceso a la tierra.
A diferencia de lo que ocurre actualmente, estas políticas han considerar la actividad profesional y social del campesinado, y desarrollar instrumentos que permitan cuestiones básicas como la cesión y uso de tierras, bancos públicos de tierra y creación de organismos gestores, así como planes de formación profesional que posibiliten la viabilidad económica de estas áreas y dejen de ser tratadas como meros espacios informales a la espera de ser urbanizados. Por ello, debido al actual boom del fenómeno de los huertos urbanos y sociales, se hace indispensable diferenciarlos claramente de la actividad agrícola.
El segundo aspecto clave será sin duda la gobernanza de estos espacios. Para ello es necesario pensar en la creación de espacios de participación y gestión de estos parques agrarios periurbanos. La sociedad tiene el derecho de participar de forma directa en la gobernanza y la gestión de los múltiples componentes del sistema alimentario, y la administración debe poner los medios y actitud para ello. Por tanto deben crearse espacios públicos de participación política que aborden de manera integral la alimentación desde lo local y que asegure la participación y el liderazgo del campesinado a través de sus organizaciones.
En cuanto a la venta y distribución, es esencial que se potencie los circuitos cortos y de proximidad, ya sea vía promoción de creación de espacios como mercados locales, tiendas de barrio, ferias locales, cooperativas u otros grupos de consumo, pero además dando un paso más allá hacia la creación y desarrollo de regulaciones públicas que aseguren que un porcentaje importante de la compra pública alimentaria y la restauración colectiva sea realizada localmente y apoyando los modelos de producción campesinos.
Por último es urgente frenar y revertir el proceso de abandono de lo rural. La erosión cultural alimentaria afecta a toda la sociedad, pero especialmente a la población urbana. La desconexión con el mundo rural ha llevado a un desconocimiento absoluto sobre qué comemos, cómo, dónde y por quien es producido y a qué precio. Este proceso de conexión social pasa por la educación escolar y es indispensable involucrar a las escuelas, la educación no formal y a toda la comunidad educativa.
La producción y distribución de alimentos, y por tanto el aseguramiento del efectivo derecho a alimentación en el futuro cercano pasa por la puesta en marcha de políticas públicas urbanas y procesos de planificación alimentaria que conecten e integren las ciudades en su entorno rural. La agricultura campesina está llamada a ser la base de estás políticas y sin la cual nada de esta gran transformación alimentaria podrá tener lugar.
Javier Guzmán es director de VSF Justicia Alimentaria Global
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