Ejecuciones en EEUU
Avivar el debate sobre la barbarie de la pena de muerte es importante para el mundo civilizado
Matar con el patrocinio del Estado no puede ser el instrumento de una justicia civilizada, sino una lacra para el progreso humano. Lo demuestran crueldades como las sufridas por Clayton Lockett durante los 43 minutos que precedieron a su muerte en una prisión de Oklahoma. En su caso falló la mezcla de drogas introducida en las inyecciones letales que le aplicaron, lo cual provocó una terrible agonía y el aplazamiento de la ejecución de un segundo condenado. Todo ello enfatiza la necesidad de avivar la polémica sobre una forma legal de asesinato desterrada de Europa (salvo Bielorrusia) y suspendida en gran parte de América.
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No es realista pensar en la abolición como un objetivo cercano, ni ayuda mucho la “inhumanidad” de la que se ha limitado a hablar un portavoz de Obama. Pero es importante apoyar a los movimientos que están consiguiendo reducir el apoyo de la opinión pública de su país a esta clase de castigo, a base de resaltar su crueldad, las dudas sobre su constitucionalidad y el escaso o nulo efecto disuasorio que tiene respecto a la criminalidad. Tampoco se trata solo de administrar la muerte de otro modo (la silla eléctrica está aún vigente en media docena de Estados). Y aunque resulte difícil resistir el deseo de venganza de las familias de las víctimas, hay que saber que las pruebas de ADN u otras han demostrado errores judiciales; y que esto ha librado del corredor de la muerte a 144 personas desde 1976, año de reintroducción de la pena capital en Estados Unidos.
Lejos de haberse convertido en una vergüenza propia de países bárbaros o autoritarios, el año pasado fueron ejecutados en el mundo más condenados que el anterior, según Amnistía Internacional. De ahí que sea preciso sumar a Estados Unidos a la parte del planeta donde la pena capital ha sido abolida o no se aplica. Sin ese requisito, el mundo occidental carecerá de autoridad moral para reprochar a China, Irán o Arabia Saudí su frecuente recurso a la ejecución de prisioneros, ni a Egipto el aluvión de penas de muerte que está imponiendo; ni a Brunéi la reciente aprobación de la pena capital, con lapidación para adúlteros y homosexuales incluida.
El asesinato legal es una rémora moral y un anacronismo impropio de sociedades evolucionadas y gobernadas por el derecho. Es decir, un método incompatible con lo que entendemos por civilización.
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