No es solo la velocidad

La mortalidad en accidentes de tráfico es un problema de Estado que entre 2004 y 2012 parecía en vías de solución. La reducción acelerada y sistemática de la siniestralidad es un mérito atribuible a los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y estuvo fundada no solo en un endurecimiento legal de las infracciones de tráfico —incluido el carné por puntos—, sino en convencer a los conductores de que tales faltas iban a ser realmente castigadas a través de un sistema eficaz de detección en carretera, y no como sucedía cuando las multas de tráfico eran irrelevantes o incobrables.

La política se ha mantenido, pero las buenas noticias empiezan a agotarse. En marzo se contabilizaron 91 muertos, 22 más que en marzo de 2013; y en el fin de semana del 5 y 6 de abril, 20 personas murieron en la carretera, el peor balance desde agosto de 2012. La Operación Salida de Semana Santa (12,5 millones de desplazamientos) será un test decisivo al respecto. La interpretación más benévola es que se trata de repuntes coyunturales y que la tendencia general de los accidentes seguirá a la baja. Pero hay indicios que cuestionan el optimismo.

El modelo de responsabilizar a los automovilistas mediante limitaciones de velocidad y los puntos del carné se ha demostrado muy eficaz, incluso puede endurecerse un poco más bajando a cero el límite de alcohol admitido en los controles. Pero el problema vial ya no está solo en la prudencia de los conductores, sino también en el estado de las carreteras y en la calidad del parque automovilístico.

Un estudio reciente de la Asociación Española de la Carretera dibuja un panorama pésimo del estado de la red vial. Hay que reponer 330.000 señales, repintar 52.000 kilómetros y revisar el 82% de los puntos de iluminación; eso sin mencionar la pavimentación deteriorada (uno de cada cuatro kilómetros tiene grietas o baches) que destroza los automóviles y favorece los accidentes. El informe coincide con la percepción general de los automovilistas: las carreteras están parcialmente abandonadas (en especial, las de la red secundaria, donde se producen la mayoría de los accidentes) como consecuencia de la desidia de la Administración y de una política que ha suprimido el mantenimiento necesario.

El parque automovilístico, por su parte, envejece, como consecuencia de la recesión. Los coches no se renuevan y, lo que es peor, se revisan menos. Por tanto, la política de Tráfico ya no puede consistir solo en limitar la velocidad e invocar la prudencia del conductor, sino que debe ir acompañada de un plan eficaz de mantenimiento de las carreteras y de disposiciones ágiles para modernizar el parque de vehículos. No es casualidad que en los accidentes esté aumentando el porcentaje de vehículos con más años de servicio. La autoridad pública (ministerio, diputaciones, autonomías) es, en estos momentos, tan responsable como los propios automovilistas.