Impunidad y resistencia en Paraguay

Esta entrada ha sido escrita porEnrique Gauto Bozzano, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY).

Miembros de la ciudadanía paraguaya esperando el dictamen de la Audiencia el pasado miércoles.Fotografía de Clyde Soto.

Quizá no recordamos muchas noticias sobre Paraguay. Posiblemente la última gran noticia sea una de hace dos años: la destitución de Fernando Lugo como presidente del país, por decisión del Congreso.

Uno de los motivos que argumentó el Congreso en ese momento fue que no se garantizaba el orden social, ya que unos días antes se había producido la masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y 6 policías.

Sin embargo, el caso Curuguaty no responde a una falta de seguridad u orden en Paraguay, sino que es uno de los ejemplos más claros de la desigualdad profunda que vive el país. La desigualdad se vive entre ricos y pobres. Más aún: entre familias campesinas pobres y grandes terratenientes y finqueros. Entre el que es dueño de miles de hectáreas de tierra y el que no tiene nada donde sembrar y alimentarse. Una de las causas que están generando mayor desigualdad en el acceso a la tierra y mayor concentración en pocas manos, es el modelo de la agroexportación basado en grandes unidades de producción que concentran enormes extensiones de tierra en pocas manos. En esos negocios de agroexportación destacan cultivos como el azúcar, la soja y el maíz.

Lo que hay detrás del caso de Curuguaty son más de 200 familias, sobre todo jóvenes, que aspiraban a tener un futuro mejor en las tierras de MarinaKue, en el Este de Paraguay. Por eso solicitaron legalmente unas tierras públicas que eran propiedad del Estado, estaban ociosas en ese momento y podían ayudar a las familias más pobres. Sin embargo, su intento de recuperar esas tierras acabó en una matanza el día 15 de junio de 2012. Muchos campesinos perdieron la vida y otros fueron acusados y encarcelados injustamente. Así ocurrió la masacre de Curuguaty, que tuvo como consecuencia la caída de un presidente.

Dos años después, 5 campesinos (Rubén Villalba, Néstor Castro, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori y Arnaldo Quintana), continúan en prisión preventiva injustamente por esos hechos. Ellos iniciaron una huelga de hambre que dura ya 58 días y afirman que seguirán sin comer hasta que se haga justicia real con su caso. Sus familias, sus comunidades, las organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales que los apoyan están exigiendo lo mismo.

El más reciente episodio de esta historia sucedió hace dos días: el miércoles 9 de abril, la justicia de Paraguay decidió no aprobar la solicitud de arresto domiciliario para esos 5 presos que había presentado la defensa. El Tribunal Supremo del Salto del Guairá argumentó que no había señales claras de que su vida corría serio peligro. ¿58 días sin ingerir alimentos y su vida no corre peligro?

Organizaciones como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y muchas otras, nacionales e internacionales, exigimos y reclamamos la atención del Estado paraguayo. Es urgente proteger el derecho a la vida de las personas procesadas y evitar que continúen las violaciones a su legítimo derecho a un proceso judicial con las garantías que consagran la Constitucional así como los Pactos y Tratados Internacionales.