Revolución judicial

Muchas veces se han discutido fórmulas para limitar el poder de los jueces instructores en España, pero nunca se había intentado la propuesta con la que el Gobierno irrumpe en el debate. El Ejecutivo pretende atribuir las facultades del juez instructor a órganos colegiados de tres jueces, en todos los asuntos que lleva la Audiencia Nacional (terrorismo entre ellos) y en grandes casos de delitos económicos y de financiación de partidos políticos a cargo de otros tribunales. Con ello no se persigue la agilización sumarial —que en ciertos casos se alarga años e incluso decenios—, sino incrementar las garantías de los derechos de los investigados.

Esa preocupación por las garantías coincide con la implicación de un número considerable de personas del mundo político, de las empresas o de las finanzas en causas judiciales de gran repercusión, lo cual es criticable, porque todos los que transitan por la justicia penal deben tener los mismos derechos. Las primeras interpretaciones apuntan a la desaparición de los “jueces estrella”, pero es improbable que se extingan por la reforma legal en ciernes. La fama de algunos jueces instructores procede de la repercusión de los casos que llevan, se llamen Gürtel, ERE o Nóos. Ojalá no existieran las razones delictivas que llevaron a ellos y las que puedan plantearse en el futuro, pero nada avala que los encargados de estas causas dejen el estrellato por el hecho de ser tres, en vez de uno solo.

La crítica a los poderes omnímodos del instructor parte del olvido de que sus decisiones están sometidas al control de un tribunal superior. Pero es cierto que el instructor dispone de un amplio margen para presionar al investigado; por eso se discutieron en el pasado soluciones como establecer dos jueces distintos, uno para instruir y otro para decidir sobre las garantías del imputado, o bien atribuir el poder de investigar a la fiscalía, dejando al juez (en solitario) como garante de los derechos de los inculpados. Esa solución fue criticada por los que ven al ministerio público demasiado condicionado por el Gobierno de turno, al depender jerárquicamente de un fiscal general nombrado por el Ejecutivo. La solución explicada por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, respeta la facultad instructora del poder judicial pero exigirá una gran reorganización y mayor número de jueces.

Esta novedad se inserta en un proyecto de ley del Poder Judicial que cambia radicalmente el modelo de organización de la justicia. Además se refuerza la supremacía del Supremo, al establecerse su doctrina jurisprudencial como vinculante para los tribunales inferiores. Y también se impone a los jueces el deber de abstenerse de hacer valoraciones en medios de comunicación sobre asuntos pendientes, en una muestra de que el Gobierno intenta contener el tratamiento en estos de la administración de la justicia. Ruiz-Gallardón pretende una revolución, no solo una reforma.