Reorganización fiscal

La propuesta de reforma fiscal entregada por el comité de expertos al Gobierno incluye casi todos los cambios que vienen reclamando los hacendistas y las instituciones mundiales con peso en la política fiscal española, como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional. En términos de política económica pueden describirse las propuestas como una devaluación fiscal —bajar las cotizaciones sociales en tres puntos, para incentivar la creación de empleo y subir a cambio el IVA y los impuestos indirectos—; un recorte de los tipos impositivos en el IRPF, incluida una síntesis de tramos, para estimular el consumo; y una simplificación de la fiscalidad que pesa sobre los planes de pensiones con el fin de no castigar el ahorro. Este último punto resulta significativo porque el equipo económico actual apenas se había ocupado de la caída en picado del ahorro durante la crisis.

No está garantizado que una devaluación fiscal produzca a corto y medio plazo los resultados esperados sobre el crecimiento y el empleo; los cálculos del informe, igual que los de las instituciones económicas mundiales, son hipótesis de trabajo más que resultados contrastados. En todo caso, es una política fiscal activa que el Gobierno debería haber aplicado desde 2012, en lugar adoptar subidas impositivas discrecionales. Además, la rebaja de tipos en el IRPF debería ser más pronunciada en las rentas medias y bajas —sobre todo en las medias— de lo que se propone si se quiere empujar de verdad el consumo.

Los sabios aciertan cuando sugieren la supresión masiva de deducciones y desgravaciones fiscales en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades (IS). La mayor parte de estos gastos fiscales, que le cuestan mucho dinero al Estado, ya no están justificados, porque no cumplen la función de activar la inversión o el empleo para la que fueron creados. El Gobierno debería aceptar a pies juntillas la propuesta de bajar el tipo de gravamen del IS desde el 30% actual al 25% primero y después al 20%, y suprimir las desgravaciones fiscales que minan la recaudación del impuesto.

El Gobierno entiende como no vinculantes las propuestas; ya ha rechazado, por ejemplo, la idea de gravar patrimonialmente la vivienda. Lagares y sus expertos han reordenado las fuentes de recaudación existentes, según los principios de efectividad —los impuestos sobre el consumo son más fáciles de recaudar que los directos— y de devolución de los impuestos previamente aumentados con evidente racionalidad. Pero además de eso, el Gobierno, al acometer una reforma fiscal integral debe tener en cuenta otros dos criterios, también apuntados en el informe.

El primero es el exiguo margen de rebaja de impuestos que tiene hoy España; el segundo es que el verdadero problema fiscal español es de bases imponibles. Por más que se reordenen las actuales, los ingresos no serán suficientes para dotar al Estado de una estructura fiscal sólida. Por eso, una reforma fiscal imperativa es actuar de verdad contra el fraude fiscal.