Derecho a emigrar
El ministro del Interior dice que va a endurecer la política inmigratoria española, pero en realidad nunca ha habido tal política; el mercado laboral, sobre todo el que genera la economía sumergida (23% del PIB español), y no la legislación vigente, sigue siendo el inhumano regulador que marca el ritmo de llegada y las condiciones de permanencia de los trabajadores extranjeros entre nosotros, al margen de la legalidad.
La UE y de forma vicaria España luchamos únicamente contra el síntoma que supone la violación de la frontera y posponemos para otro momento la lucha contra la enfermedad que representa la pobreza en África, esperando que sean otros quienes asuman los compromisos y responsabilidades necesarios para reducir las diferencias de desarrollo entre las dos orillas del Mediterráneo. La necesidad de adoptar medidas de urgencia para hacer frente a lo que está sucediendo en las fronteras del Sur de Europa, no puede hacernos olvidar que el origen de los movimientos migratorios actuales son los desequilibrios y las diferencias socioeconómicas y políticas internacionales, y que además estas son claramente percibidas, cotidiana y personalmente, por quienes desean partir, incluso arriesgando la vida, en busca de un trabajo digno.
La democratización de las sociedades, la promoción y la competitividad de las economías regionales, la creación de trabajo decente allí donde viven las personas, no son productos de mentes ingenuas. Son objetivos necesarios hacia los que hay que tender, para que la emigración voluntaria, como opción personal, se convierta en un nuevo derecho humano.— Luis Fernando Crespo Zorita.
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