El Chapo en prisión

Los mexicanos son los principales beneficiarios de la captura de Joaquín Guzmán, El Chapo, líder y emblema del cartel de Sinaloa, una captura con la que México demuestra que sí se puede derrotar a los que durante demasiado tiempo han estado encima de la justicia.

El Chapo huyó de una cárcel de alta seguridad en 2001, durante la Administración del presidente Vicente Fox. Su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, que lanzó la guerra contra el narco, tampoco pudo someter al delincuente, que extendió en estos últimos años su poder tanto en México y EE UU como en otros países. Ahora queda claro que no era imposible detener a quien ya se había convertido en un mito. Y hay que destacar no solo el operativo —un cerco que durante días se redujo hasta lograr la detención sin un solo tiro—, sino la contención, por parte del Gobierno de Peña Nieto, del triunfalismo y el extremo cuidado para no cometer ningún error que pudiera haber dado resquicios legales al detenido en los juicios a los que deberá enfrentarse.

La justicia mexicana ha aprendido importantes lecciones. En primer lugar, no más fiascos por filtraciones o chivatazos. La discreción del operativo fue tan perfecta como el muro de silencio de los mandos civiles del Gobierno mexicano (la disciplina es uno de los distintivos de los colaboradores de Peña Nieto). Y en segundo lugar, el respeto a los protocolos del debido proceso legal.

Ha sido detenido y va a ser juzgado el dirigente de una organización a la que se le atribuyen 6 de cada 10 homicidios ocurridos en los años más cruentos de la guerra entre narcotraficantes en México. Además de merecer todo el elogio, es necesario que la operación se convierta en un presagio: que la detención de este poderoso y letal narcotraficante marque el camino para que México deje de ser un país donde ocho de cada 10 homicidios quedan impunes.