Dilemas navarros

Una comisión de investigación no es un tribunal de justicia; no dilucida culpabilidades penales sino responsabilidades políticas. En el caso de la crisis actual, las de la vicepresidenta Lourdes Goicoechea en relación con la acusación de la exdirectora de la Agencia tributaria de la comunidad, Idoia Nieves, de haber interferido en su labor en beneficio de clientes de su gestoría. La comisión debería servir para que la vicepresidenta se explique y para valorar si las responsabilidades políticas de la presidenta que resulten justifican la petición de dimisión; o, alternativamente, la moción de censura que, de prosperar, daría paso a la formación de un Gobierno encabezado por el socialista Roberto Jiménez, que se ha comprometido a convocar elecciones anticipadas, coincidiendo con las europeas.

El primer obstáculo deriva de la oposición de la dirección del PSOE a que los socialistas navarros pacten cualquier acuerdo con Bildu, cuyo concurso sería sin embargo necesario para que prospere la moción. La crisis guarda relación con la fragmentación del mapa político. Hasta 2003, el centro-derecha navarrista recogía en promedio el 45% de los votos, la izquierda (PSN+IU), el 30%, y los nacionalistas vascos, el 22%. Ahora estos últimos agrupan al 29% frente al 22% de la izquierda. Con la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre en el País Vasco, la izquierda abertzale es mayoritaria dentro del campo nacionalista.

Lo que hace que la reivindicación de incorporación a Euskadi (posibilidad prevista en la Constitución a la que vienen oponiéndose partidos que representan a entre el 65% y el 75% de los navarros) se haya presentado en este territorio unida a la aspiración independentista. El ascenso de la izquierda abertzale en las últimas elecciones le convierte (tras la unificación de Bildu y Aralar) en la primera fuerza de la oposición. Si los socialistas no cuentan con Bildu la moción fracasará, pero si cuentan, potenciarán a su principal rival. Estos factores condicionan la política de alianzas de un PSOE que, tras la experiencia del tripartito catalán, recela de pactos con fuerzas explícitamente independentistas.

Es cierto que Bildu no puede ser excusa para permitir la corrupción. Pero tampoco sería aceptable considerar que el objetivo de desplazar a Barcina justifique convalidar como un partido democrático más, con el que es legítimo alcanzar acuerdos de fondo, al de los herederos de Batasuna, que dista mucho de serlo.