Crear problemas

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha podido comprobar que su anteproyecto de ley de reforma del aborto suscita un amplio rechazo, no solo entre las mujeres, sino también entre los profesionales sanitarios, y no solo en España, sino también en el extranjero, donde el proyecto ha sido recibido como un retroceso inexplicable para una sociedad que se reclama moderna y respetuosa de los derechos individuales. España vuelve a ser vista en editoriales de medios de referencia y declaraciones públicas de líderes europeos como una excepción retrógrada y dogmática, pues aplica regulaciones legales que en Europa solo defienden los partidos de extrema derecha. Es significativo y debería preocupar al presidente Rajoy que el apoyo más entusiasta proceda de Marine Le Pen.

La nueva ley no solo elimina la posibilidad de que las mujeres puedan decidir libremente sobre su embarazo hasta las 14 semanas de gestación, como rige en la mayor parte de los países europeos, sino que vuelve a una regulación basada en supuestos, pero más restrictiva incluso que la que estuvo vigente entre 1985 y 2010, y que dos Gobiernos presididos por José María Aznar eludieron reformar. El texto ha provocado rechazo y división incluso en las filas del PP. Algunos dirigentes ven con preocupación el desgaste que puede ocasionar la evidencia de que se está creando un problema allí donde no lo había. Un buen número de dirigentes populares, como los presidentes de Extremadura y Galicia, la delegada del Gobierno en Madrid o los alcaldes de Valladolid y Zamora, han expresado sus reservas, en particular sobre la supresión de la malformación del feto como tercer supuesto. El más contundente ha sido el presidente extremeño, José Antonio Monago, que aboga por buscar una ley de máximo consenso, defiende la libertad de las mujeres y sostiene que nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre, pero tampoco se puede obligar a nadie a serlo.

El proyecto de ley adolece de no pocas imprecisiones que generan dudas y contradicciones. Por ejemplo, en los casos en que se diagnostiquen graves malformaciones fetales después de la semana 22ª, la mujer no podrá abortar aunque el embarazo afecte gravemente a su salud psíquica, pues estará fuera de plazo. Obligarla a tener el hijo no solo es una crueldad, sino una discriminación respecto de las que pueden beneficiarse de un diagnóstico más temprano.

Especial alarma ha causado el proyecto entre los profesionales, sobre todo los psiquiatras, que son quienes deben acreditar que existe un riesgo “duradero y permanente” para la salud psíquica de la madre. Muchos profesionales se inhibirán de participar en el diagnóstico ante la inseguridad jurídica que el proceso entraña. Este era el principal problema de la ley de 1985 que el nuevo texto reproduce y agrava. El ministro ha asegurado que el texto no se modificará en la tramitación parlamentaria, lo que revela una actitud dogmática y cerrada indigna de una ciudadanía madura y plural, a la que se debe.