Tarjeta amarilla

No es un secreto que el fútbol español vive en una burbuja económica que puede estallar en cualquier momento. La situación económica de los clubes de la Liga profesional empeora poco a poco, como puede apreciarse por los que se declaran en quiebra o en situación de impago y la deuda tributaria que acumulan, que se está reduciendo a un ritmo excesivamente lento. La Comisión Europea acaba de señalar una de las causas de esa burbuja, la conexión entre el fútbol y el dinero público, al advertir de un expediente de investigación sobre seis clubes de Primera División (Barcelona, Real Madrid, Athletic Club, Valencia, Osasuna y Elche) y uno de segunda (Hércules) por percibir ayudas públicas ilegales. Que esta vez la cosa va en serio lo demuestra la furibunda acusación de la defensora del pueblo europeo, la irlandesa Emily O’Reilly, lanzada contra el comisario Joaquín Almunia, al que acusa de entorpecer la investigación contra el fútbol español porque es socio y seguidor del Athletic.

La investigación, por el momento solo una tarjeta amarilla, persigue tres tipos de infracciones. La primera es la que afecta principalmente al Valencia, Elche y Hércules, que han dejado una deuda de 118 millones de euros a la Generalitat valenciana, que, en un rapto de gestión irresponsable, avaló préstamos a los clubes citados. Si la investigación confirma los hechos y la Generalitat no puede demostrar las razones de utilidad social que motivaron los avales, los clubes afectados deberían devolver los dineros públicos, a riesgo de desaparecer. El Athletic, cuya situación financiera es buena, también recibió dinero público, a través de la sociedad San Mamés Barria, para construir el nuevo San Mamés.

El segundo motivo de sospecha es una permuta de terrenos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de la capital en 2011 que resultó muy beneficiosa para el club blanco. Los clubes europeos denunciantes entienden que hubo un pelotazo inmobiliario a favor del Madrid y que esa operación constituye un ejercicio de competencia desleal. La imputación más débil afecta al Real Madrid, Athletic, Barcelona y Osasuna. No se convirtieron en sociedades anónimas en 1990, cuando el resto de los clubes españoles sí lo hicieron. Tienen, por tanto, un régimen fiscal mejor (cinco puntos más reducido) que las sociedades anónimas. Pero la decisión fue legal, las cuentas de los cuatro clubes estaban saneadas y no hay motivo para un castigo retroactivo.

La investigación europea debe interpretarse como una advertencia de que los clubes de fútbol no pueden vivir de las subvenciones encubiertas, de operaciones inmobiliarias disfrazadas y de ingresos propios decrecientes. Con independencia de las consecuencias que se deriven del expediente europeo, las autoridades deportivas españolas están obligadas a tomar la iniciativa para que los clubes cumplan con Hacienda y manejen con austeridad fichajes y salarios. Todos.