Indulgencia excesiva

Tras una deliberación de tres días, lo que indica la importancia del fallo, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha acordado, por 19 votos contra 17, anular el indulto que el Gobierno concedió en 2012 a un conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por la muerte de un joven de 25 años, tras conducir cinco kilómetros en dirección contraria. A la espera de conocer los detalles de la argumentación jurídica, la resolución del Supremo incide sobre un asunto que causa gran malestar: el abuso por parte del Gobierno de la prerrogativa de gracia que le otorga la ley.

Además de la profusión —más de 400 indultos al año— con que se utiliza una potestad concebida como excepcional, el historial incluye muchos casos de dudosa justificación. Los indultos concedidos a los oficiales condenados por el accidente del Yak-42, a cargos del PP y de Unió Democrática acusados de corrupción o el doble indulto a cuatro mossos d’esquadra condenados por torturas han sido los más polémicos, pero no los únicos en los que, como ocurrió en el caso del kamikaze, se ha considerado que el Gobierno ha ido más allá de lo aceptable. Como señalaron 200 jueces tras el segundo perdón a los mossos, el reindulto suponía de facto la desautorización de la Audiencia de Barcelona que, pese a que el Gobierno había rebajado la pena de 4,5 años a dos, decidió que los agentes ingresaran igualmente en prisión. No son pocos los jueces y magistrados que consideran que así se sobrepasa la facultad de discrecionalidad y se roza la arbitrariedad, algo que prohíbe expresamente el artículo 9 de la Constitución. Es cierto que la ley española no exige al Gobierno que motive los indultos, pero tampoco se lo impide, de modo que no hacerlo supone un cierto menosprecio de la labor judicial y la autoridad de los tribunales.

El indulto al kamikaze no es el único concedido a condenados por conducción temeraria, pero sí el más escandaloso. Tanto la familia del joven fallecido como las asociaciones de víctimas de la carretera lo consideran no solo una injusticia, sino una clara contribución a la sensación de impunidad que rodea las imprudencias al volante. El mal uso que hasta ahora se ha hecho de la figura del indulto requiere una nueva normativa que acote mejor los límites del Ejecutivo y le obligue a razonar sus decisiones. No es equilibrado que los informes de la fiscalía y del tribunal sentenciador tengan que ser motivados, y la decisión del Gobierno no.