El fatuo discurso de soberanía chavista

Una de las palabras favoritas del extinto Hugo Chavez era soberanía. En la constitución que la Asamblea Nacional Constituyente le hizo a la medida en 1999, el término es incluido en el primer artículo. La palabra se repite 20 veces a lo largo del documento, a diferencia de las seis de la constitución anterior (1961). El discurso de Chavez está plagado de soberanía: alimentaria, territorial, tecnológica, petrolera, económica, militar... Todos y cada uno de los aspectos del “socialismo del siglo XXI” están revestidos de soberanía. Cabe, por ello, contrastar el uso y abuso del termino en la retórica, con la práctica, y hasta buscar el diccionario, no vaya a ser que la Real Academia haya admitido un nuevo uso, chavista, y no nos hayamos enterado.

Por el año 2000, Venezuela y Cuba, léase Hugo y Fidel, firmaron un “Convenio Integral de Cooperación”, léase Hugo se convirtió en el mecenas en jefe de la dictadura castrista. Venezuela terminaría convirtiéndose en principal y único sostén económico de Cuba. En los innumerables encuentros subsiguientes, los dos líderes acordarían “ampliar y sistematizar la colaboración entre los dos países”. Este mismo diario reportaría en 2010 el alcance de dicha “colaboración”. Bajo ese marco legal es mucho lo que se ha hecho: miles de médicos cubanos -sin certificarse debidamente- trabajan en Venezuela; miles de barriles de petróleo -número exacto sujeto a todo tipo de especulaciones- manteniendo a flote la depauperada economía cubana; miles de “entrenadores” y asesores de seguridad de la inteligencia cubana actuando como fuerza de ocupación en Venezuela; miles de casos de injerencia cubana en asuntos de competencia exclusiva de Venezuela; es decir hay muchos ejemplos, pero a la vez no hay ninguno.

Hoy traemos un caso concreto, con nombres, responsabilidades, montos, y demás detalles. Para muestra, el botón es un pacto llamado “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, DE SEGURIDAD, DOTACIÓN DE MOBILIARIO y ADECUACIONES ELÉCTRICA Y DE REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA”. El mismo fue firmado por Pedro Carreño, en aquel entonces Ministro del Poder Popular Para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), y Jose Javier Morales, representante de la Fundación Misión Identidad, por la “Parte Venezolana”, y German Sanchez Otero, Embajador de Cuba en Venezuela, y Filiberto Lopez Cosio, en representación de la Sociedad Mercantil ALBET Ingeniería y Sistemas, un ente cubano.

El contrato es, en dos platos, un ejemplo de lo que Hugo Chavez entendía por soberanía: ceder a Cuba el “diseño, desarrollo, suministro e implementación de la solución tecnológica integral para el sistema nacional de identificación del ciudadano a través de una Cédula Electrónica que permita soportar el modelo de prestación de servicios del “Gobierno Electrónico” de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando los suministros para el primer año de funcionamiento, los Servicios Informáticos asociados para el adecuado funcionamiento de la solución, la compatibilidad con los sistemas ya instalados y el despliegue de la solución en todos las dependencias de la Oficina Nacional de Identificación, Migración y Extranjería (ONIDEX)”.

Es decir, Venezuela otorga poderes amplios a Cuba -una dictadura comunista- confiando los detalles de identificación de todos los venezolanos, y de paso, se compromete a pagarle algo más de 172 millones de dólares. Para ponerlo aún más claro: es Cuba quien decide qué subcontratista ha de desarrollar las nuevas cédulas, por cuánto, y cuándo y de qué forma han de obtener los venezolanos sus nuevas cédulas electrónicas. Espeluznante.

Entre los “considerandos” uno puede leer afirmaciones sobre las misiones de MPPRIJ, entre cuyas responsabilidades estaría “velar por la seguridad del Estado protegiendo la estabilidad y funcionamiento de las instituciones democráticas y promover la seguridad jurídica de la población a través de los órganos encargados de la identificación y de los derechos humanos de los ciudadanos”.

Pero donde abusan los redactores del acuerdo de lo medianamente verosímil es en afirmar, siempre en los “considerandos”, que “la República de Cuba posee experiencia en las áreas de las tecnologías de información y comunicaciones”. Cuba es de todo menos un polo de desarrollo de nuevas tecnologías de identificación electrónica y/o comunicaciones.

Y es aquí donde debemos acudir a la RAE y revisar la definición de soberanía, a ver si la misma da cabida a la cosmovisión chavista. Quizás Hugo hubiese podido justificar tal acto, en uno de sus discursos de ocho horas. Lo que ha quedado claro, es que la concepción de soberanía chavista nada tiene que ver con la definición. Que un estado que se hace llamar soberano, y cuyo líder pasó una buena parte de los últimos 20 años de su vida pontificando sobre soberanía, permita voluntariamente a un régimen dictatorial inmiscuirse en procesos de cedulación para los cuales se requiere acceso a toda la data de identificación de toda su ciudadanía es algo nunca visto, al menos en lo que respecta a la historia republicana de Venezuela. Y que además pague 172 millones de dólares por ello es una afrenta, no a la soberanía de Venezuela, sino al sentido común, pues Cuba de tecnologías modernas no sabe nada.

Como para demostrar el punto, todos los negocios de la dizque nueva cédula electrónica venezolana se cerraron en La Habana, entre ALBET y subcontratistas seleccionadas por Cuba. ALBET, el ente cubano responsable de “desarrollar” todo lo concerniente al proyecto de cédula electrónica, no desarrolló absolutamente nada. Simplemente acudió al mercado, con los 172 millones de dólares, a buscar subcontratistas que si saben del tema. A La Habana fueron a parar representantes de Bundesdruckerei y de Gemalto. En su empeño por asistir económicamente a su ídolo, Hugo Chavez hizo un “outsourcing” de corrupción a Cuba. El caso específico del sistema de cedulación presentó para ALBET, un instituto con nula experiencia en proyectos del tipo, una oportunidad de oro, amen de la posible transferencia de la data de identificación de venezolanos a Cuba y tecnologías adquiridas con fondos venezolanos.

De colofón, un ejemplo irrefutable de la absoluta ausencia de estado de derecho (inexistente en Cuba) en la Venezuela chavista: la cláusula decimocuarta del contrato, sobre “solución de controversias” establece que “cualquier disputa, controversia o reclamo que se derive de este contrato” tendrá como última instancia para la resolución a “los Presidentes de las respectivas Repúblicas”, léase Hugo y Fidel.

Cabe preguntarse, ¿para qué involucrar a Cuba en procesos como los descritos? Y, ¿cómo puede reconciliarse tal cesión de responsabilidades, de competencia exclusiva del estado venezolano, con el discurso de soberanía chavista?

Alek Boyd es periodista.