Dos imperios en apuros financieros

En las últimas semanas el mundo ha estado pendiente del enfrentamiento entre el gobierno federal de los EEUU y su poder legislativo por el llamado "techo de deuda". El gobierno había alcanzado el límite de gasto que le permitía su presupuesto. No podía endeudarse más, salvo que lograse una autorización del Congreso. Muchas voces, dentro y fuera del país, han advertido de las enormes consecuencias que tendría la falta de un acuerdo entre ambos, no sólo para su economía, sino también para la del resto del mundo. Si la primera potencia del planeta dejase de pagar su deuda, se desencadenaría una espiral que probablemente paralizaría el crédito y el comercio internacional.

En EEUU el "techo de deuda" no se puede aumentar sin que los legisladores y el gobierno federal se pongan de acuerdo. Sin embargo, desde 2010 los republicanos dominan la Cámara de Representantes, mientras que la presidencia la ocupa el demócrata Barack Obama, decidido a reformar el sistema de salud norteamericano (Affordable Care Act). Los republicanos se niegan a incrementar el "techo de deuda", si el presidente no renuncia a su propuesta. Una pugna muy similar a la que ocurrió hace casi cinco siglos en España, cuando Felipe II gobernaba un extenso imperio y ejercía una influencia internacional que también le exigía endeudarse.

La Corona española conseguía crédito a corto plazo firmando anualmente contratos con los grandes banqueros alemanes y genoveses; y también a largo plazo, emitiendo títulos de deuda pública (juros). Mientras en los asientos, Felipe II abonaba intereses en torno al 12%, la mayoría de los juros rendían un 7%. Los niveles de inflación —la famosa revolución de los precios— se situaban entonces en torno al 1% anual. Estas cifras permiten entender por qué la mayor parte de la deuda del rey era doméstica. Un 9% del stock total de la deuda en 1575 estaba en juros. El nombre de este instrumento financiero significaba que el rey empeñaba su palabra en el pago de intereses, algo que durante su reinado se cumplió escrupulosamente, contribuyendo a ampliar su demanda, incluso a nivel internacional. La Corona española fue la primera en el mundo en alcanzar, ya en el siglo XVI, niveles de deuda doméstica similares a los que presentan hoy en día muchas economías modernas (en torno al 60% de su PIB).

La principal característica de la deuda pública castellana en el siglo XVI —como en la de Inglaterra del siglo XVIII— era su vinculación directa con los impuestos más estables (impuestos al consumo, monopolios y aduanas). El más destacado fue el equivalente a nuestro IVA actual (la alcabala), cuyo cobro y gestión estaba en manos de las ciudades. El mismo tesorero que cobraba el impuesto, pagaba los juros. Así se creó un vínculo entre quienes pagaban impuestos e invertían en deuda pública, algunos de los cuales eran los propios gobernantes de las ciudades y los primeros interesados en que todos los años se abonaran sus intereses.

Muchas ciudades castellanas empezaron su decadencia a raíz de la suspensión de pagos

La Corona logró en 1536 que las ciudades cobrasen la alcabala en su nombre, a cambio de entregarle a la Corona una cantidad fija todos los años (encabezamiento). Convertir en cupo el ingreso indirecto más importante del rey, en una economía en plena expansión, obviamente suponía limitar sus ingresos, pero tenía como ventaja que la ciudad se comprometía a pagar los intereses de la deuda, reforzando aún más la confianza de los inversores en los juros. La ventaja para las ciudades era obvia: se establecía una contribución fija y en dinero en un momento de expansión económica. La inflación supondría, a la larga, pagar menos impuestos. Las Cortes de Castilla fueron las encargadas de negociar con el rey la suma total de este cupo o encabezamiento, que básicamente permaneció invariable durante casi 40 años, salvo un pequeño incremento en 1562. En 1575 Felipe II alcanzó su "techo de deuda" y quedó imposibilitado para emitir más deuda pública. A diferencia de lo que ha ocurrido en EEUU esta semana, el rey y las Cortes no llegaron a un acuerdo.

Adelantándose al problema, a principios de la década de 1570 Felipe II solicitó un aumento de impuestos. Las Cortes recibieron su solicitud con enorme frialdad y concentraron sus críticas en los banqueros del rey. Si la Corona tenía problemas financieros, la solución no era subir impuestos, sino actuar contra ellos. A finales de 1574, Felipe II tomó la iniciativa y multiplicó por tres el encabezamiento. Las ciudades se sintieron traicionadas y trataron de impedirlo, desentendiéndose de la recaudación del impuesto. ¡El rey no estaba de parte suya, sino de los banqueros extranjeros! Felipe II accedió entonces a sus demandas y el 1 de Septiembre de 1575 suspendió el pago de sus obligaciones en los contratos con sus principales financieros. Por supuesto, los juros no se vieron afectados. Aquel otoño, muchos pensaron que le habían ganado el pulso a la Corona, pero la realidad demostró ser muy diferente.

Los banqueros del rey no eran más que intermediarios financieros. Captaban crédito en los mercados y en las ferias antes de prestárselo al monarca. A través de sus redes y correspondientes aceptaban depósitos (herencias, dotes, ahorros), o vendían letras de cambio entre los mercaderes, canalizando así dinero hacia la Corona. Cuando el rey dejó de pagarles, ellos tampoco lo hicieron a sus acreedores. Su dinero quedó atrapado. Por primera vez, las ferias de Medina del Campo, las más importantes del reino, dejaron de celebrarse. En 1576 quebraron los dos grandes bancos de Sevilla, la ciudad que monopolizaba el comercio con América. En Madrid y otras ciudades, muchos comerciantes fueron encarcelados por no pagar sus deudas. Otros se vieron enzarzados en costosos pleitos. Su ruina fue también la de las ciudades donde residían y hacían negocios. El daño causado se extendió a otros mercados internacionales a través de Génova y Flandes, afectando incluso a la propia Roma.

El acuerdo de la semana pasada apenas ha mitigado los temores de la economía mundial

Paradójicamente, los únicos que no acabaron en la cárcel fueron los grandes banqueros del rey, a quienes Felipe II, poco después de publicar el decreto de suspensión, les concedió inmunidad ante cualquier tribunal de justicia, evitando así que les embargasen sus bienes. El rey no quería arruinarlos porque en breve los necesitaría de nuevo. En marzo de 1577 llegó a un acuerdo con ellos para abonarles todo lo que les debía, pero en lugar de firmarlo y restablecer los pagos, lo dejó aparcado. El rey siguió esperando.

La situación no se desbloqueó hasta noviembre de 1577, cuando las principales ciudades de Castilla aceptaron el nuevo encabezamiento, logrando que el incremento de las alcabalas se multiplicase sólo por dos. El acuerdo permitió que Felipe II incrementase su "techo de deuda". Un acuerdo duradero porque logró 20 años adicionales para poder seguir emitiendo deuda a largo plazo. Nada más firmar el acuerdo con las ciudades, Felipe II lo hizo con sus banqueros: abolió el decreto de suspensión y les abonó sus deudas. Los ahorradores accedieron de nuevo a sus depósitos, el crédito volvió a fluir entre los mercaderes y las ferias de Medina del Campo se reabrieron en 1578.

La vuelta a la normalidad no impidió que Castilla sufriera serias consecuencias por esta pugna entre los poderes ejecutivos y legislativos. Muchas ciudades comenzaron su decadencia, en la que arrastraron al resto de la economía castellana y, con el tiempo, a la propia Corona. La suspensión de pagos de Felipe II en 1575 no fue una quiebra, sólo formó parte de un plan para permitirle elevar su "techo de deuda". El rey no tenía problemas para pagar sus deudas, sino para seguir endeudándose.

No podemos adivinar el futuro, pero analizar el pasado con rigor nos debería ayudar a no cometer los mismos errores. La semana pasada los EEUU consiguieron aplazar el problema una vez más después de varias semanas de incertidumbre, pero el enfrentamiento sigue sin resolverse, prolongando así los temores que tendría una falta de acuerdo sobre la economía mundial.

Carlos Álvarez-Nogal Universidad Carlos III de Madrid

Christophe Chamley Paris School of Economics and Boston University