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EDITORIAL

Fabra en el banquillo

El expresidente de Castellón acude al tribunal tras diez años de resistencia procesal y política

El comienzo del juicio contra Carlos Fabra constituye una pequeña victoria del Estado de Derecho. Al cabo de diez años de una laboriosa y accidentada investigación, en la que han intervenido sucesivamente hasta nueve jueces de instrucción y cuatro fiscales, está previsto que el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente provincial del PP se siente en el banquillo para responder de acusaciones de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, por los que el ministerio público requiere 13 años de cárcel, multa e indemnización.

Sin perjuicio del derecho que le asiste a dar cuantos rodeos le permiten las normas procesales, hay que reflexionar sobre las consecuencias de la permisividad de su partido hacia el antiguo patrón de la provincia de Castellón. El caso Fabra, surgido en 2003, fue el primero de una larga serie de escándalos en la Comunidad Valenciana, por los que se encuentran imputados o procesados diferentes cargos y antiguos cargos, entre ellos varios diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Todo ello al margen del despliegue de proyectos de Carlos Fabra en torno a un aeropuerto que sigue inactivo, herencia que se teme va a ser muy costosa para los contribuyentes por el pleito que enfrenta a la empresa concesionaria con la Generalitat valenciana.

Carlos Fabra es propagandista de la teoría de que las urnas lo absuelven todo. Sentó esa hipótesis tras la mayoría absoluta conseguida por el PP de Castellón en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, cuando él llevaba tres años imputado judicialmente. Aceptar esos planteamientos sin pestañear contribuye a explicar la mala imagen de los partidos con responsabilidades de gobierno. Carlos Fabra era un síntoma, pero el PP nunca encontró el modo de tratar la enfermedad y abrazó la excusa de que todo se debía a asechanzas de sus adversarios.

Si cada partido hubiera limpiado a tiempo los establos, personas como Carlos Fabra habrían desaparecido de la vida pública. No lo hicieron en su día —el barón de Castellón se retiró de la Diputación cuando él quiso, en 2011— y ahora penan su tolerancia con el descrédito de los ciudadanos. Pero no escarmientan. Alberto Fabra, que llegó a la presidencia de la Generalitat valenciana con el encargo de apartar a los sospechosos de su partido, ha expresado su simpatía personal por Carlos Fabra en vísperas del juicio.

 

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