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EDITORIAL

Cataluña y España

La solución democrática debe venir de un diálogo estructurado que desemboque en negociación

El punto de ebullición que ha alcanzado la cuestión catalana tras la segunda Diada de cariz soberanista requiere actitudes serenas, respetuosas y reflexivas: de la clase política, de los intelectuales, de los medios. Solo desde ellas podrán los dirigentes balizar mediante el diálogo una solución seria y responsable, y no remedios falaces que empeoren el problema o falsas salidas que lo enquisten durante largo tiempo.

Entre los remedios falaces, algunos sugieren el uso de la fuerza o la suspensión de la autonomía. Esa apelación carece de encaje jurídico en la Constitución, pues no hay en plaza rebelión fáctica institucional alguna, por lo que el uso de los artículos 8 o 155 tendría contornos golpistas y equivaldría a asestar un hachazo brutal al modelo autonómico constitucional.

Más acá del —esencial— imperativo jurídico democrático, conviene recordar a los fabricantes de estas recetas autoritarias su extremada inconveniencia práctica: solo su evocación abonaría ya el campo para el éxito de lo contrario de lo que dicen perseguir. Nada desearían más algunos recalcitrantes del secesionismo que contemplar el uso de la violencia ilegal o del abuso de la ley como motivos para multiplicar el número de sus propios seguidores. Y como coartada para legitimar sus pretensiones ante la UE y la comunidad internacional, hasta hoy recelosas ante sus propuestas y refractarias a la hora de prestarles cualquier apoyo, por indirecto que fuere.

Entre las falsas salidas se asoman la prolongación del inmovilismo, pues no disolverá un problema socialmente ya muy enraizado; y los enjuagues cosméticos o parciales, porque prolongarían el asunto, sin augurio de mejorarlo. La única solución al agravamiento de la cuestión —y que es la propia de la democracia—, debe llegar a través del diálogo político, y entre políticos. El cruce de cartas entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, oficializa por fortuna esta vía, aunque se tratase de una vía obvia y se produzca con retraso y desde un indisimulable recelo mutuo. Hay que celebrarla y desear que produzca resultados.

Pero al tratarse de una cuestión de Estado de gran alcance, la condición de su éxito es evitar que se reduzca a una conversación evanescente, doctrinal o diseñada para ganar tiempo: es oportuna la alusión a que debe carecer de fecha de caducidad, de presión cortoplacista. Se necesita un diálogo estructurado, apto para que desemboque en una negociación de calado, que involucre a los Gobiernos concernidos y también a las principales fuerzas políticas.

Para ponerlo en pie, no basta con conversaciones discretas. Urge enumerar y ejecutar una serie de medidas de reconstrucción de la confianza deteriorada, acompañadas del necesario desarme de los excesos verbales y quizá ayudadas de estudios, comisiones y libros blancos ad hoc. Sobre financiación, infraestructuras y reconocimiento lingüístico e identitario, como se apunta desde distintas posiciones.

Pero no solo en esos ámbitos: también en el de su canalización a través de las necesarias reformas del ordenamiento constitucional, y de la búsqueda de interpretaciones flexibles e incluyentes de la actual Carta Magna, en vez de restrictivas. Lo bastante flexibles como para evitar descartar de antemano cualquier salida de las muchas posibles y considerar su posibilidad a la luz del principio democrático y de su grado de conveniencia para encauzar las discrepancias. Solo si se aborda un plan de negociación de este tipo sin prejuzgar de entrada todos sus elementos finales, que probablemente supondrá una profunda modificación del Estado constitucional, será factible un consenso suficiente. Para bien de los catalanes. Para bien de todos los españoles.

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