Anticorrupción andaluza

Es bastante insólito que en una comunidad con un 35% de paro, el eje del programa de Gobierno presentado por la candidata del partido que lleva 31 años gobernando sea el compromiso de combatir la corrupción; sin embargo, dado que el anterior presidente, José Antonio Griñán, acabó reconociendo que se iba para librar a la Junta andaluza del lastre del escándalo de los ERE, tiene su lógica que la sustituta propuesta por el propio Griñán se considere obligada a situar el tema de la corrupción en lugar central. Lo hizo Susana Díaz en su investidura, pero sin nombrar siquiera ese escándalo que afecta directamente a su partido.

No está sola en esto de no nombrar lo que se pretende hacer olvidar. Zapatero no nombró la crisis hasta que era demasiado tarde, ni Rajoy a Bárcenas hasta que fue obligado a comparecer en el Parlamento. A cambio, es habitual en estos casos tratar de acreditar el propósito de la enmienda sobre lo no citado mediante una batería de propuestas, nuevas o recuperadas del olvido. Díaz ha planteado las suyas en un contexto en que también lo han hecho, en el marco nacional, Gobierno y PSOE.

La propuesta de la presidenta de Andalucía que más ha llamado la atención ha sido la de prohibir de cuajo, entre las vías de financiación de los partidos, cualquier forma de donaciones privadas. Lo que se sabe del asunto Bárcenas muestra que esas donaciones están en la raíz de muchas prácticas corruptas; y también, que las normas legales que la limitan son burladas mediante su troceamiento. En la tramitación de la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos aprobada en 2012 ya se planteó la supresión de raíz de toda donación privada, pero fue considerado improcedente, especialmente por partidos que recibían por esa vía una parte sustancial de sus ingresos, como CiU.

Desde los años noventa ha sido tema de debate la compatibilidad entre la financiación pública, que supone en torno al 90% de los ingresos de los partidos, y la privada. En general, la izquierda ha sido más restrictiva respecto a esta última, especialmente la procedente de empresas, por considerar que siempre habrá más empresarios dispuestos a financiar a partidos conservadores. El argumento de la derecha ha sido que las donaciones privadas evitan la excesiva dependencia de los partidos respecto al Estado y permite reducir la partida que los Presupuestos destinan a ese fin. Argumento más poético que real, porque con toda probabilidad ese dinero donado será repercutido en lo que pagará el ciudadano.

El tema será sin duda elemento de debate parlamentario si, en lugar de disputar sobre quién lo planteó primero, PP y PSOE unifican sus respectivas propuestas, empezando por la tipificación como delito de la financiación ilegal; y abordan de paso las tantas veces enunciadas y nunca cumplidas medidas de acortamiento y abaratamiento de las campañas electorales, el otro agujero negro de entrada de dinero de dudoso origen.