Decisión de elemental justicia

En los últimos 40 años, los narcotraficantes fueron actores de primera línea en el cambio del mapa de la propiedad del campo en Colombia. Con miles de millones de dólares y sus ejércitos de sicarios a disposición, se hicieron con las mejores tierras del país (...).

Con estudios de diversas autoridades y expertos académicos, que ponen la cifra entre dos y cuatro millones de hectáreas en manos de los narcos, es claro que allí está una de las vetas más importantes para poder cumplir uno de los grandes compromisos del Gobierno: reparar a las víctimas del despojo cometido por los actores armados en las últimas décadas. Más aún cuando los recursos aportados por los victimarios para cumplir su obligación de resarcir a quienes fueron afectados por sus crímenes siguen sin aparecer.

La entrega de bienes de los paras que firmaron la paz con el pasado Gobierno es el compromiso más incumplido de esas negociaciones. (...) En buena hora el fiscal Eduardo Montealegre ha decidido crear un grupo de fiscales que persiga los bienes de los capos en el exterior, pues las inversiones de la familia Castaño en Panamá y Europa o de las de Salvatore Mancuso en Centroamérica, para citar solo algunos casos conocidos, siguen siendo invisibles para la justicia colombiana. (...) El costo que el narcotráfico le ha generado al país en violencia, corrupción y malas prácticas sociales es enorme y aún se siente. Por eso, los bienes que también con mucho esfuerzo y valerosos sacrificios han sido incautados a la mafia no podrían tener mejor destino que el de servir para reparar, que es sembrar la semilla de la paz.

Bogotá, 20 de agosto