Salvar las renovables

La Unión Europea ha establecido una serie de objetivos en política energética, con objeto de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, importados en su gran mayoría de terceros países. Las razones son de independencia económica y política, tecnológicas y medioambientales, y se concretan en los conocidos 20-20-20 para el año 2020. Se trata de “descarbonizar” el suministro energético en los países de la Unión. Junto al necesario estímulo a la presencia creciente de las energías renovables en el catálogo de fuentes de energía comerciales, se hace un especial énfasis en el ahorro energético, necesario para cumplir uno de los “veintes”, y en el autoconsumo y la generación distribuida. De ahí que muchos países hayan regulado las modalidades de autogeneración de energía en instalaciones individuales y los eventuales flujos de electricidad entre dichas instalaciones y la red.

Pues bien, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo acaba de remitir a la Comisión Nacional de la Energía para su informe preceptivo y no vinculante, un proyecto de decreto sobre autoconsumo. Pero del examen de su contenido lo que se desprende es que, más que una norma para regular y estimular la generación distribuida, parece más bien que se trata de obstaculizar su extensión mediante peajes que van más allá de lo razonable —que se estiman en un 27% sobre los asociados a los usos convencionales de la red— y la no consideración de las modalidades de balance neto que existen en países de nuestro entorno, es decir, la posibilidad de verter la electricidad sobrante a la red para luego recuperarla, o un valor equivalente, cuando se necesite.

Corregir los errores cometidos en el pasado en materia de regulación de las renovables, en particular las condiciones y cuantías de las primas a su generación, no puede resultar en la destrucción de un nuevo sector industrial que ha creado empleos, que tiene vocación exportadora, que disminuye nuestra radical dependencia energética y nos podría convertir en líderes mundiales en ciertas tecnologías, como puede estar ocurriendo actualmente. Menos razones hay todavía para desalentar el despegue de una práctica, el autoconsumo y los intercambios de electricidad con la red, que contribuye a cumplir los objetivos europeos y que comparte muchas de las ventajas enumeradas anteriormente, en particular la aparición de un nuevo sector industrial y de empleo.

Es evidente que la generalización del autoconsumo causaría eventualmente un perjuicio, aunque de dimensiones muy limitadas, a las grandes compañías eléctricas. No es posible pensar que esta es la razón de una normativa tan claramente restrictiva del autoconsumo, puesto que el interés general, y la evolución de nuestro sistema eléctrico conforme a las líneas implícitas en los objetivos europeos, deben ser los factores determinantes a la hora de establecer dicha normativa.