Reforma atrevida

El Gobierno presentó ayer una reforma eléctrica, orientada a reducir el déficit de tarifa (superior ya a los 26.000 millones) que, en términos generales y a falta de detalles, es más atrevida de lo que cabría esperar dados los precedentes de gestión de Industria. La pieza fundamental que avala esa buena impresión es el nuevo sistema de retribución de la distribución, el transporte y las energías renovables, actividades claramente sobrerretribuidas en el modelo actual y que contribuían de forma importante al citado déficit. Caben pocas dudas de que el cambio normativo enunciado ayer por el Gobierno contribuirá significativamente a reducir su cuantía, aunque es dudoso que consiga eliminarlo.

Así pues, Industria se ha tomado en serio la urgencia de bajar los costes reglados y ha obrado en consecuencia. Es cierto que podía haber bajado más las retribuciones, pero en comparación con la situación anterior es una mejora apreciable. Las consecuencias sobre las empresas, sean las tradicionales o las recientes de renovables, no se han hecho esperar. El mercado interpretó correctamente el alcance de la reforma y castigó a todas las sociedades eléctricas con caídas que van desde más del 8% de Acciona hasta casi el 2,5% a Iberdrola. La reacción del mercado responde al hecho de que los recortes de Soria se dejarán notar directamente en las cuentas de resultados. Tampoco es descartable que las compañías respondan con acciones legales, con el criterio de que las retribuciones actuales (en especial las de las renovables) constituyen derechos contractuales.

El atrevimiento para bajar el déficit (la eficacia de las medidas dependerá también de la evolución de la demanda eléctrica, hoy en tasas de caída desestacionalizada del orden del 7%) no se ha trasladado al reparto equitativo del déficit entre empresas y consumidores. Aunque el ministro apeló a la equidad como criterio de la reforma y esgrimió el argumento de los 2.700 millones que recaerán sobre las empresas, la cuenta global dice que son los consumidores domésticos quienes están soportando abrumadoramente la carga del déficit. La deuda viva en manos de terceros, que tendrán que pagar indefectiblemente los usuarios, supera los 20.000 millones a través de la tarifa; y lo que ya han pagado a través de las subidas en el recibo está en torno a los 10.000 millones. Por tanto, mal puede decirse que el reparto de la carga es equitativo. El impacto inmediato de la subida de los peajes se traducirá en un nuevo encarecimiento de la luz, esta vez del 3,2%.

La reforma tampoco responde satisfactoriamente a dos problemas fundamentales del mercado eléctrico: las dificultades de los consumidores para cambiar de suministrador y el escandaloso precio de la electricidad en España, situado entre los más caros de Europa. Es un peso considerable para la competitividad de las empresas y la capacidad de ahorro y consumo de los consumidores domésticos.