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EDITORIAL

La vía federal

La reforma constitucional que propone el PSOE huye de los extremismos y se abre a Cataluña

La declaración del consejo territorial del PSOE, reunido ayer en Granada, viene a inaugurar oficialmente la vía federal para el encauzamiento de las tensiones territoriales en España, especialmente a la actualmente más acuciante, la catalana. El documento ni cierra ni podía cerrar los problemas existentes, pero explora pistas para encauzarlos, siendo la reforma constitucional la principal de ellas. Y la postula como único punto de encuentro que impida el “desastre” que supondría recaer en cualquiera de las dos tentaciones dominantes, la “centralista” y la “secesionista”.

En realidad esas dos tentaciones se han convertido ya en ofertas muy concretas en el mercado político. La centralista está traduciéndose en una cuantiosa labor legislativa tendente a diluir el peso político y administrativo de las autonomías, así como en un abusivo uso de la Constitución por el Gobierno como elemento restrictivo para las aspiraciones de estas. La secesionista ha cobrado fuerza desde que la cúpula del antes moderado nacionalismo catalán —pero no este en su totalidad— se incorporó en 2012 a la reivindicación de un Estado “propio” separado de España.

La colisión de estos extremismos esteriliza el enorme campo político y social existente entre ambos y empeora los problemas en vez de encauzarlos. Por eso la aportación del PSOE, a la que ha contribuido destacadamente el socialismo catalán, debe ser bienvenida, aunque pueda achacársele un carácter demasiado genérico.

Sin embargo, algunos de los principios de la reforma que preconiza quedan claramente establecidos: “solidaridad” y “respeto a las identidades diferenciadas”, incorporación del “mapa autonómico” y de “los hechos diferenciales y las singularidades políticas” al texto constitucional, delimitación definitiva de competencias y creación de un fondo de garantía del Estado de bienestar para preservar los sistemas educativos y sanitario de los embates de la crisis y de su eventual desnaturalización.

El PSOE va más lejos en un punto clave: el de hacer imposible que un texto directamente votado por los ciudadanos sea frustrado por el Tribunal Constitucional, como ocurrió con el Estatuto catalán de 2006.

Un documento de apenas ocho páginas no es una reforma de la Constitución: será acaso un aldabonazo para concitar en ella el método para encauzar las tensiones. Antes que cerrar vías, sería razonable que otros se apuntaran a esta música, fuese con letra distinta o similar. Porque el inmovilismo a nada conduce.

El precipitado desprecio con que algún dirigente nacionalista catalán se ha despachado sobre esta propuesta quizá se deba a que rompe algunos mitos sobre los cuales vivía confortablemente: el de que “solo en Cataluña hay federalistas”; el de que desde fuera de Cataluña “nada se propone” para resolver la cuestión catalana, o el de que “los dos grandes partidos españoles son iguales” ante ella. No es así y ninguna sordera resuelve nada. Y cuando un jugador mueve posición en cuestiones relevantes, todos acaban teniendo que mover ficha.

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