Imputaciones selectivas

El procedimiento judicial abierto por los ERE de Andalucía sufrió ayer un salto cualitativo de indudable trascendencia. Los fondos destinados a los ERE (721 millones de euros en 10 años) fueron aprobados en sucesivas leyes del Parlamento de Andalucía, pero la juez instructora, Mercedes Alaya, cuestiona no solo la competencia andaluza para dictar esas normas, sino el procedimiento de “transferencia de fondos” usado para el pago, que considera opaco.

Si está en lo cierto, todas las ayudas abonadas desde 2001 habrían sido un “dispendio continuado de fondos públicos”, según expresión de la juez, que especifica su objetivo de delimitar a los responsables de la gestión política del “uso indebido” de dinero público. Si estuviera equivocada, el caso de los ERE quedaría limitado entonces —y ya es muy grave en sí mismo— a los abusos cometidos con abonos a intermediarios, inclusión de personas sin derecho y otros desvíos de parte del dinero presupuestado. A los nuevos imputados no les atribuye ningún delito concreto, sino su participación en la creación o administración del procedimiento usado por la Junta para pagar las ayudas que perciben 5.700 prejubilados.

El número dos del PSOE andaluz acusó el golpe denunciando una “causa general” contra los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Su error es similar al cometido recientemente por el número tres de la ejecutiva nacional del PP cuando denunció una “causa general” contra su partido por el caso Bárcenas. A la luz de lo sucedido ayer, no faltarán los que vean reafirmada la hipótesis de que Griñán anticipó la decisión de retirarse y precipitó la elección de sucesor a causa del proceso judicial. Imposible determinar cuánto hay de cierto en ello. Pero es verdad que gobernar en estas condiciones se antoja difícil.

En el auto judicial de ayer es llamativa la imputación de una veintena de personas que tienen o tuvieron altos cargos en tres departamentos (Hacienda, Innovación, Empleo) de la Junta y la omisión de otras de parecida o mayor responsabilidad, pero que disponen de fuero especial. Así, la juez Alaya imputa a Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda hasta 2004, bajo cuya responsabilidad se aplicó el concepto de las “transferencias de financiación”. Por el contrario no menciona a su sucesor en ese cargo, José Antonio Griñán, que siguió aplicando idéntico procedimiento pero que, por su condición actual de presidente de la Junta, tiene fuero de Tribunal Supremo. Al menos por el momento, Alaya prosigue con la táctica de no incluir a aforados que le harían perder el control de la causa.

Vista la trascendencia del asunto cuestionado ahora, no se entiende la tardanza de la juez en actuar en ese terreno, si cree que hay materia para ello. Parece dudoso que se necesiten casi tres años para caer en la cuenta de que todo el caso de los ERE pudo estar viciado desde el origen.