Avanzar en los ERE

La investigación judicial del fraude de los ERE subvencionados por la Junta de Andalucía continúa destapando el entramado del que se beneficiaron empresarios, sindicatos, antiguos cargos del PSOE, intermediarios, bufetes de abogados y consultoras. Los datos conocidos tras el levantamiento del secreto del sumario acumulan detalles cada vez más chuscos sobre los montajes llevados a cabo para desviar el dinero, incluida la utilización de un indigente como administrador de varias empresas pantalla que facturaron comisiones por los ERE. Pintoresquismos aparte, es indiscutible la complejidad del escandaloso caso de corrupción que la juez Mercedes Alaya tiene en sus manos, y que acumula ya 73 imputados tras dos años y medio de investigación.

La juez avanza para esclarecer las desviaciones de fondos en tres direcciones: los intrusos (personas que perciben ilegalmente una prejubilación), las ayudas irregulares concedidas a empresas y las comisiones abusivas que se cobraron por la tramitación de los ERE. También investiga el opaco procedimiento administrativo con el que la Consejería de Empleo repartió el dinero. Los nuevos datos conocidos han provocado una petición de la Fiscalía Anticorrupción para que empresas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO justifiquen los servicios que motivaron los pagos recibidos de mediadores y asesores que intervinieron en la tramitación de los ERE.

En el epicentro de la trama continúa situado Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, que ha salido por segunda vez de prisión después de que la juez levantase el secreto sobre la parte de la investigación que estaba reservada a determinar el destino de las comisiones. Hay indicios de que Guerrero recibió sobornos de estas comisiones, pero la juez sospecha que otros cargos de la Administración andaluza también se lucraron de forma ilegal.

La tenacidad de la juez es incuestionable, como lo es también que el caso de los ERE se ha convertido en una macrocausa que puede ser ingobernable en el tiempo. De ahí las advertencias que han lanzado a la magistrada tanto el presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, como el Tribunal Superior de Andalucía. Es probable que la investigación, o al menos parte de ella, llegue al Tribunal Supremo por la presencia de aforados, aspecto sobre el cual la juez Alaya no se ha pronunciado todavía, aunque hace un año y medio la Guardia Civil atribuyó a José Antonio Viera, diputado socialista y exconsejero de Empleo, un “papel esencial” en las ayudas irregulares a empresas. Sería razonable que Alaya dividiese el caso de los ERE en varios procedimientos, para concluir las líneas más avanzadas y conjurar el riesgo de prescripción de delitos del que ha alertado la Fiscalía Anticorrupción. No menos razonable sería una explicación política sobre el descontrol que durante una década se instaló en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.