Un problema de rentas

El Banco de España ha entrado de forma contundente en la controversia sobre el alcance de la recesión, el debate salarial y la reforma de las pensiones exigida por la Comisión Europea. El primer informe anual bajo el mandato del gobernador Linde recomienda la supresión selectiva del salario mínimo, firmar contratos al margen de los convenios (opción también selectiva) y anticipar la norma de jubilación a partir de los 67 años. En cuanto a la evaluación de la recesión, supone el servicio de estudios del banco que la segunda fase recesiva será menos intensa, pero más larga que la primera (la que acabó en 2009) y avanza que quizá los primeros signos de recuperación aparezcan este mismo año.

El Banco parte de un análisis correcto del mercado laboral. Efectivamente, la reforma apenas ha servido para aminorar la destrucción de empleo o limitar la dualidad del mercado. Es necesario, dice, adoptar medidas que creen empleo a corto plazo. Pero no explica el salto argumental por el cual de la inocuidad de la reforma se pasa a considerar como solución una intensificación de algunos aspectos de la misma, ni por qué esa vuelta de tuerca que propone va a crear empleo ahora.

Dicho de otro modo, el banco se limita a considerar que el paro que sufre la sociedad española es un problema de rentas y precios; si se baja el coste del empleo, el paro disminuirá. Esta es la percepción tradicional de la entidad, preocupada siempre —en especial en tiempos de Fernández Ordóñez— en reducir los costes laborales. Pero la resistencia de los empresarios a contratar y la persistencia del desempleo a pesar de los abaratamientos de costes hacen pensar que el paro es también un problema de hundimiento de la demanda de consumo y de falta de inversión. Por esa razón, no basta con subvencionar la contratación (aunque no sobre), sino que parece necesario además estimular el consumo y volver a un flujo razonable de financiación de las empresas.

La insistencia en la moderación salarial apenas es discutible. Igual que el empleo, es un mecanismo de ajuste que las empresas aplican de suyo como respuesta a la recesión. Que esa moderación sea necesaria después de que se produzca la recuperación es más discutible; en todo caso, dependerá de lo que se entienda por recuperación. Si se trata de crecimientos débiles, insuficientes para crear empleo, quizá el banco tenga razón. Pero en una fase de creación neta de empleo —una situación lejana, más allá de 2014—, los salarios deben quedar al libre juego del mercado y los agentes sociales.

En cambio, nada hay que oponer a las recomendaciones sobre la reforma de las pensiones. Efectivamente, sería deseable aplicar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años no en la década próxima, sino en años próximos. Y no porque lo reclame la Comisión, sino porque la estabilidad del sistema de pensiones requiere acciones relativamente rápidas. Todo en el marco del Pacto de Toledo, por supuesto.