Sin consenso

La comunidad educativa, desde la guardería a la universidad, se movilizó ayer en contra de la reforma que se espera sea aprobada hoy en el Consejo de Ministros. El proyecto del ministro José Ignacio Wert inicia su recorrido parlamentario sin consenso y en medio de una muy amplia contestación social, en lo que ya se ha convertido en un mal endémico de la educación en España: la sucesión de reformas legislativas de clara orientación ideológica, impuestas por el Gobierno de turno, que son anuladas en cuanto se produce la alternancia en el poder. La de Wert será la séptima reforma desde el inicio de la Transición, lo que da un promedio de permanencia insuficiente para poder evaluar éxitos y fracasos.

Para poder valorarlo, un proyecto educativo debe desarrollarse en el tiempo. Lo lógico sería partir de un modelo de amplio consenso y someter su aplicación a una evaluación permanente que corrija lo que no funciona. Sin duda el modelo actual tiene carencias que deben ser abordadas. Un fracaso escolar del 24,9% exige reformas. El propósito de Wert era ambicioso; por eso resulta más lamentable que no haya sabido crear una dinámica de diálogo que permitiera consensuar los cambios.

Diversos estudios han acreditado, por ejemplo, la necesidad de establecer incentivos a la calidad docente, de manera que se pueda premiar a los profesionales con más dedicación y entrega. Pero la implantación de un estatuto del profesorado requeriría un pacto con la comunidad educativa y un aumento de los recursos. Puesto que no los hay, la reforma no aborda este aspecto crucial al que también se opone una parte del profesorado que contempla la rigidez actual como una coraza protectora. Los expertos coinciden también en la conveniencia de otorgar mayor poder a los directores de los centros: que tengan más autoridad y puedan conformar los equipos es positivo. Hasta ahora la Administración ha compartido con docentes y padres la decisión sobre el nombramiento, pero el proyecto le da total discrecionalidad. La tentación de aplicar criterios clientelares en la elección puede derivar en una politización muy negativa de las estructuras directivas.

Son solo dos ejemplos de lo que está en juego. Pero lo que ha movilizado al sector educativo es la combinación de un proyecto que se percibe como regresivo con un entorno de ajustes. Tras haber recortado 6.700 millones de euros desde 2010, la persistente degradación de la red pública, en beneficio del sector concertado, puede afectar gravemente a la equidad. Y una educación pública de calidad es lo que garantiza la igualdad de oportunidades. Aparte de imposiciones ideológicas no aceptables en una sociedad plural, como el tratamiento de la religión o la protección de los colegios que separan por sexos, la reforma contiene elementos preocupantes. Está a tiempo el ministro de negociar. No debería desaprovechar la oportunidad.