Ventajismo inmobiliario

El fútbol se sostiene sobre la presunción de la igualdad competitiva. Los clubes deben competir en igualdad de condiciones externas y solo se admiten las limitaciones propias del equipo; solo el número de socios o la gestión de marketing determinan ingresos diferentes y capacidades de compra distintas. Pero la competición puede quedar gravemente tergiversada si un club recibe ayudas públicas, en forma de dinero, de inmuebles o de otros servicios, de Gobiernos, autonomías o Ayuntamientos. El dinero público es una distorsión competitiva. Por eso, la Comisión Europea ha decidido investigar las operaciones urbanísticas firmadas entre el Real Madrid y el Ayuntamiento en julio y diciembre de 2011. Esas operaciones implicaron un intercambio muy desigual entre la parcela que el Ayuntamiento entregó al Real Madrid para construir un nuevo centro comercial en la Castellana y los terrenos que el club entregó a cambio al Ayuntamiento, de un valor de mercado muy inferior. El beneficio (o presunta ayuda) sería de unos 200 millones.

Si se confirma el carácter de “ayuda encubierta” del municipio (era alcalde Alberto Ruiz-Gallardón) al Real Madrid, tendrían razón quienes sostienen que cada vez que el Madrí ficha un crack (Zidane, Mourinho, Cristiano Ronaldo y así) a los madrileños les cuesta una reordenación urbanística o un ojo de la cara. Recuérdese el caso de los terrenos de la Ciudad Deportiva, donde hoy se alzan los cuatro tótems a la especulación inmobiliaria. Operación que investigó la Comisión y que dio por limpia. Otros equipos también lo hacen: Bruselas también investiga al PSV Eindhoven holandés. Pero en el Real Madrid el trueque inmobiliario, donde con tanta facilidad se despistan metros cuadrados y precios, se ha convertido en una tendencia persistente.

Ana Botella, alcaldesa de Madrid, ha salido rauda a defender la legalidad de las operaciones. ¿Y quién lo duda? Tendrán los trámites cumplidos y todos los sellos puestos; solo faltaba que fuesen ilegales. Ilegal es el ventajismo y el tacto de codos entre instituciones públicas y grupos privados.