Bulgaria en crisis

El Gobierno centroderechista de Boyko Borisov en Bulgaria es la última víctima del creciente rechazo popular a las políticas de austeridad a ultranza en países de la UE. La gota que ha colmado el vaso y desatado la ira ciudadana y la violencia ha sido un recibo de la luz que duplicaba o triplicaba el del año anterior por las mismas fechas. La inesperada dimisión del Ejecutivo, aceptada ayer por el Parlamento, y el hecho de que ni el partido que lo sustentaba ni la oposición socialista quieran participar en un Gobierno interino hasta las previstas elecciones de julio, hace prácticamente inevitable un adelanto de los comicios.

Pese a sus dificultades, Bulgaria no ha vivido una situación económica tan angustiosa como la de Grecia o Rumanía. El Gobierno de Borisov (aclamado inicialmente por hacer por fin transitables las carreteras del país balcánico) ha recibido los plácemes de la UE por su ortodoxia al afrontar la crisis y reducir el déficit presupuestario. La tasa de desempleo y los números de las finanzas públicas búlgaras son más que aceptables. Pero los programas de austeridad rara vez son vistos con los mismos ojos por quienes los imponen y quienes los sufren. Los búlgaros no solo se han echado a la calle por los desmesurados costes de la energía —en manos de operadores extranjeros— en el país con los salarios más bajos de la UE, en torno a 400 euros mensuales (y pensiones de la mitad de esta cifra). Con sus protestas han pasado también factura al Gobierno por el estancamiento económico y su incapacidad, tras casi cuatro años, para elevar el nivel de vida y combatir la corrupción endémica del pequeño país, promesa básica de Borisov en 2009.

La dimisión del primer ministro es encomiable por lo que tiene de apaciguadora de una situación crítica de orden público. Pero es también un calculado gesto para preservar hasta los comicios cercanos el capital político que todavía conserva Borisov. Las elecciones anticipadas en Bulgaria no revestirían especial trascendencia, si no fuera porque ninguna de las dos grandes formaciones rivales, empatadas en intención de voto, alcanzaría el 25% según los sondeos, y serían por tanto incapaces de formar un Gobierno estable. Esta circunstancia puede dar a partidos radicales y populistas, ya crecidos en las últimas protestas, la capacidad de influir decisivamente en un Parlamento fragmentado.