Hacienda, los sofás y los proyectos de investigación

En una célebre parodia sobre Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces vicepresidente del Gobierno, el humorista José Mota comentaba que había que rebuscar dinero “hasta entre los cojines del sofá”. En esa línea, el Ministerio de Hacienda, siguiendo la estrategia de inspirarse en los ases del humor, lleva un tiempo persiguiendo con saña el dinero que puede recuperar de proyectos de investigación ya ejecutados (a lo que se une el retraso en los pagos de los recién concedidos, como hemos sabido en estos días, lo que plantea graves problemas que trataremos en otra ocasión).

Esta estrategia de “rebuscar en el sofá” aprovecha que, cuando un proyecto finaliza, el equipo investigador y su institución envían a Hacienda la justificación de los gastos realizados durante el trabajo. En muchas ocasiones Hacienda rechaza buena parte de los mismos por motivos de lo más peregrino, exigiendo el reintegro del correspondiente dinero, más intereses de demora desde el principio del proyecto. Un par de ejemplos aclararán que no estamos hablando de justificar gastos de viajes a hoteles de lujo en Marbella con una pareja sentimental.

Un ejemplo clásico y sangrante es la adquisición de ordenadores durante el último semestre del proyecto. La excusa para rechazar este gasto es que, dado que la vida del ordenador es más larga que esos seis meses, no puede ser que se usen exclusivamente para este proyecto. Pero, señor auditor, si se me ha estropeado el equipo y mi institución no tiene dinero para reponerlo, ¿hago los complicados cálculos con papel y lápiz?

Cuando, por razones a veces peregrinas, Hacienda rechaza un gasto, exige la devolución del dinero con intereses de demora desde el inicio del proyecto

Otro caso interesante ocurre cuando, para completar el proyecto, se requiere la ayuda de un prestigioso científico, digamos de la Universidad de Harvard, que acaba de desarrollar una técnica novedosa en su laboratorio, la cual nos es perentorio aprender. Le invitamos a que dé un curso en nuestro laboratorio, pagándole exclusivamente los gastos de viaje. El auditor de Hacienda dirá que no es un gasto válido porque la visita de este señor no estaba mencionada en el proyecto. Pero, oiga, si el descubrimiento surgió después de que escribiera el proyecto, ¿cómo quiere que lo anticipara?

Y si, para evitar este problema, ¿se va el investigador a Harvard? Pues que no se le ocurra buscarse un alojamiento barato donde le den un simple recibo y no una factura oficial con todos los CIF de turno, porque el auditor dirá que, sin la misma, no se le reembolsa nada. Que se hubiera ido a un hotel en condiciones pagando dos o tres veces más y, si el dinero del proyecto no le alcanza para más viajes, pues que se quede en su casa meditando.

Esta estrategia está llevando al colapso burocrático a universidades y OPI, que tienen que dedicar sus oficinas de apoyo a la investigación a preparar una infinidad de justificaciones y facturas para conseguir que los gastos rechazados sean finalmente aprobados. Ello está provocando el hartazgo absoluto de los investigadores, que cada vez tienen que dedicar más tiempo al papeleo de justificar gastos totalmente nimios, detrayéndolo de su labor investigadora.

Asistimos a un proceso kafkiano que pretende ahorrar algunos miles de euros al contribuyente al coste de centenares de miles de horas de trabajo de personal de alta cualificación

Para que se hagan una idea de la magnitud del problema, estamos hablando de que en una universidad mediana hay varios centenares de proyectos examinados con decenas de gastos cuestionados por proyecto. Por tanto se trata de miles de facturas, con varias fases del proceso de justificación, en las que se implican a profesores y personal de administración, además del personal del ministerio.

Teniendo en cuenta que el gasto finalmente se aprueba en más del 80% de las alegaciones, estamos asistiendo a un proceso kafkiano que pretende ahorrar algunos miles de euros al contribuyente al coste de centenares de miles de horas de trabajo de personal de alta cualificación. Ello da una indicación bien precisa del nulo valor social que a ojos del ministerio tiene el trabajo de nuestros científicos. A ello se une el hecho de que el dinero “recuperado” no se destina a investigación, sino que va a la caja general de Hacienda.

Como nos gusta ser constructivos, finalizamos proponiendo varias soluciones a esta pesadilla. Si realmente el ministro ha decidido que los investigadores somos unos inútiles cuya actividad no es más que parasitismo social, lo mejor es que lo diga abiertamente, eliminando por completo la financiación del Ministerio de Competitividad y ya nos buscaremos la vida donde sea. Si piensa que hay corrupción en el mundo de la ciencia, que ponga a la fiscalía a trabajar y meta a los corruptos en la cárcel.

Pero si ninguna de estas recomendaciones le parece correcta, por favor reflexione y envíe a sus inspectores a cualquier país de Europa con buenas universidades y centros de investigación para que vean cómo se gestiona la ciencia. Si hace falta, estamos dispuestos a financiar el viaje del funcionario de turno a, por ejemplo, Reino Unido. ¡Uy, no, que se nos olvidó mencionar esta actividad en el proyecto!

Antonio Cabrales es catedrático de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y Anxo Sánchez es catedrático de Matemáticas en la misma Universidad.