¿Cuál es el estado de la nación?

El autor es José María Vera (@Chema_Vera), director general de Intermón Oxfam.

Espero sinceramente que el debate del Estado de la Nación que tiene lugar esta semana sea una reflexión profunda, no sobre el estado del “paciente”, que a todas luces aparece desahuciado (en sentido muy amplio), sino sobre el giro radical de las medidas que hay que aplicar.

A estas alturas no cabe duda de que nuestro país se está convirtiendo a marchas forzadas en más pobre, desigual e injusto. Con la legitimidad aparente de la crisis financiera se está llevando a cabo una ingeniería social, económica y política que está destrozando la mayor parte de los logros sociales conseguidos en décadas anteriores -en las que vivíamos, incluso, en condiciones menos favorables, véase la renta per cápita por ejemplo- al mismo tiempo que hipotecamos el futuro de millones de ciudadanos, especialmente de los más jóvenes.

Un reciente informe de Intermón Oxfam denunciaba el hecho de que, de no dar un giro radical a las mal llamadas medidas de austeridad, nuestro país podría alcanzar los 18 millones de pobres en una década (cerca del 40% de la población) y sus consecuencias podrían tardar un cuarto de siglo en revertirse. Pronósticos agoreros, pensarán algunos, pero en línea con lo que ya hemos visto en otras latitudes donde se aplicaron recetas similares como es el caso de América Latina en la década de los 80.

La génesis de la crisis es desigual. Desigual porque las causas de su estallido no han sido una responsabilidad colectiva ni están repartidas por igual entre la población y los actores sociales y políticos. Bancos, grandes empresas y fortunas evasoras de impuestos, especuladores, directivos irresponsables y las políticas que los respaldan son los causantes de la crisis. Sin embargo, la asunción de responsabilidades por su parte es marginal y la justicia actúa tarde, si es que actúa.

Pero la mayor desigualdad, si cabe, se encuentra en las medidas aplicadas para salir de la crisis. La desproporción aquí es demoledora. Rescates bancarios y de concesionarias de autopistas, indemnizaciones a directivos corruptos e inútiles, deuda militar priorizada y un marco fiscal que mantiene a la gran empresa española entre las que menos tributan del mundo desarrollado…si es que tributan, porque la evasión fiscal en nuestro país alcanza los 90.000 millones de euros y, según datos del Observatorio de la RSC, desde que empezó la crisis, se había duplicado el número de empresas cotizadas en el Ibex 35 que tienen presencia en paraísos fiscales, que son ahora 9 de cada 10.

Frente a ello, la salud y la educación se deterioran apuntando a un modelo de sociedad dual, duro con los que sufren exclusión y que ven mermados los servicios sociales hasta el límite de la asistencia a la supervivencia. Medio ambiente, derechos sociales, libertades políticas y calidad democrática, solidaridad con la pobreza extrema allá donde esté, son pilares básicos de un modelo que exige la ciudadanía y que se está destruyendo.

Con este panorama, es impostergable combatir la desigualdad con un modelo más equitativo, que permita recaudar con justicia, blindar las políticas sociales y fortalecer la democracia con transparencia. La lucha contra la evasión fiscal debe ser una prioridad ineludible, más efectiva que los recortes o las subidas de impuestos. Dedicar una parte del la tasa a las transacciones financieras (a la que se ha sumado España en el seno de la UE) a la lucha contra la pobreza es un deber.

No nos engañemos, no se trata de galimatías económicos al alcance sólo de unos pocos eruditos. Se trata de decisiones políticas que marcarán si salimos de este agujero más fuertes y cohesionados o si estamos abocados a una sociedad más dual, desigual, injusta y con más cotas de pobreza y marginación. Espero que el gobierno y nuestros representantes en el Parlamento estén a la altura de las circunstancias.

Estas y otras ideas aparecen en el decálogo de medidas frente a la crisis económicas presentado el 18 de febrero en el Congreso de los Diputados por Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam.