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punto de observación

No se caerá el mundo por exigir responsabilidades

El PP bloquea cualquier salida razonable a la crisis y fuerza al PSOE a pedir la dimisión de Rajoy

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, a su llegada a la sede de la Fiscalía Anticorrupción el 6 de febrero, para declarar sobre la supuesta contabilidad B del PP.
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, a su llegada a la sede de la Fiscalía Anticorrupción el 6 de febrero, para declarar sobre la supuesta contabilidad B del PP.

“No es el momento para entrar en enredos”, dijo Rajoy a los parlamentarios del PP. Lo asombroso es que el propio presidente no para de alimentar esos enredos. El primero de todos, en relación con la posición del señor Bárcenas en el PP, sobre la que no ha habido forma de que dé una información completa.

El comunicado emitido por el PP esta semana dice que en 2010 Bárcenas solicitó su reincorporación al PP, finalizada la excedencia que tenía concedida como senador por Cantabria, cargo al que había renunciado.

¿Por qué renunció el señor Bárcenas? Lo hizo seis días después de levantarse el secreto del sumario del caso Gürtel y de conocerse que, según las investigaciones judiciales, podría haber recibido 1.350.000 euros por mediar en la adjudicación de contratos a empresas de esa trama.

El segundo párrafo del comunicado dice que “el PP manifestó su deseo de no reintegrarle a su puesto de trabajo” y que, de acuerdo con el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, procedió a indemnizarle.

¿Por qué decidió el PP romper esa relación laboral? La única explicación aceptable, e inexcusable, es que consideró que el señor Bárcenas había abusado de la confianza de la empresa. Por eso no tenía que acudir al artículo 56 del Estatuto, sino al 54, que considera causa de despido procedente “la transgresión de la buena fe contractual”, lo que incluye, entre otras cosas, acciones que causen daño a la imagen de la empresa y engaños a clientes. ¿Qué mayor daño al PP que el causado por el señor Bárcenas? ¿Qué mayor engaño a los ciudadanos de Cantabria?

El viernes quedó claro que no existe ni despido ni finiquito. ¿Sería posible que el Partido Popular y su presidente dejen de organizar enredos, de mezclar desordenadamente cosas muy distintas? A propósito, ¿qué tiene que ver en todo esto la declaración de la renta de los políticos de los demás partidos?

La insistencia ofuscada en esta estrategia está cegando al PP cualquier salida razonable a una situación difícil y compleja. Y está dejando al PSOE sin otra opción que pedir la dimisión del presidente del Gobierno.

Si el PP no es capaz de analizar con inteligencia la situación y si se empeña en responder a mandoble limpio, el resultado de esta crisis, que lamentablemente todavía se puede agravar, va a ser intratable. Cerrar cualquier posibilidad de diálogo con el PSOE en estos momentos es un extravío peligroso.

A los ciudadanos solo les queda empeñarse en observar lo más cuidadosamente que puedan la realidad que les rodea. Observemos día a día a la ministra de Sanidad, Ana Mato. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un ministro que está imposibilitado para hablar públicamente de otra cosa que no sea de su propia dimisión? Hay que ofrecer resistencia a los enredos y a las nubes tóxicas que pretenden suprimirnos el juicio y, lo que es peor, convencernos de que somos impotentes.

La respuesta ciudadana debe plantear aspiraciones concretas. Exigir responsabilidades. Nadie necesita conocer la renta de todos los políticos del PP en los últimos 25 años. Lo que se tiene que explicar es el caso Bárcenas, que ha sido tesorero del PP hasta hace muy poco. Ese caso. En concreto. Sin distracciones.

Y que quien haya tenido responsabilidades en actuaciones irregulares o delictivas, las asuma. Sea quien sea. En el caso Bárcenas, por supuesto; en el de Urdangarin, también; como en el escándalo de las escuchas a Sánchez-Camacho; en todos cuantos sea necesario. Sin cansarse. Ordenadamente. Este es un problema de dónde se pone el énfasis. En ampulosas catarsis o en concretas reclamaciones y en el correcto funcionamiento de las instituciones.

No por obvio se puede dejar de insistir en lo mismo: en este país ha existido un mecanismo de generación de dinero negro, relacionado con el mundo inmobiliario y financiero, que ha contaminado a los partidos políticos y del que todos los responsables quieren ahora escapar. El mecanismo debe ser desactivado; las instituciones deben funcionar, y esas personas deben asumir, voluntariamente o a la fuerza, su propia responsabilidad. No se caerá el mundo por ello. Se tambaleará si miramos hacia otro lado.

solg@elpais.es

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