Las cuentas del tesorero

Las sospechas de financiación irregular que pesan sobre el PP se agravan cada día que pasa, sin que el partido gobernante haga otra cosa que evolucionar desde el mensaje del “no me consta” al de “es mentira”, intentado ayer por la secretaria general, María Dolores de Cospedal. La cúpula de esta formación orilla los datos sobre ingresos y pagos potencialmente irregulares a numerosos dirigentes, publicados por EL PAÍS, y los valora como si fueran un mero ataque a su partido. El Gobierno y su presidente tienen que saber que así no se puede gobernar una democracia europea en plena sociedad de la información.

Desde la dirección del PP se acumulan las incoherencias. Un día se sugiere que la actual secretaria general cortó el procedimiento irregular de retribuciones que existía antes de su llegada al cargo (en 2008), como al parecer sucedió, y ahora se afirma que el partido ha llevado siempre una “contabilidad única”, y que todos los pagos a dirigentes y empleados han sido y son en dinero blanco, realizados por transferencia y sometidos a retención de Hacienda y de Seguridad Social. Lo remata con el inconsistente argumento de que ni siquiera merece la pena entrar en los datos difundidos, cuando el presidente del Senado, Pío García Escudero, y otras personas reconocen los pagos que les afectan y que figuran en las anotaciones contables de Luis Bárcenas.

Dolores de Cospedal amenaza con acciones judiciales mientras asegura que su partido es un ejemplo de transparencia. Algo muy difícil de sostener si se tiene en cuenta que su gerente y tesorero durante 20 años amasó una considerable fortuna que ocultó al fisco, y cuya situación ilegal ha regularizado gracias a una amnistía decretada por el Gobierno de su antiguo partido. En nombre de la transparencia se remite además a la auditoría interna anunciada tiempo atrás, que lleva a cabo una empleada del partido (la actual tesorera) y que incluye la petición de declaración jurada a dirigentes. Poca credibilidad tiene una auditoría elaborada bajo el principio de yo me lo guiso, yo me lo como, porque auditarse a sí mismo está lejos de ser ejemplo de transparencia. Por no hablar de lo que constituye una innovación mundial: auditar cuentas irregulares o secretas, inexistentes por definición. De la prometida auditoría externa siguen sin conocerse plazo ni condiciones, ni a quién va a ser encargada.

La justicia fijará en su día las responsabilidades eventuales, hayan prescrito o no. Pero la democracia merece bastante más: los ciudadanos necesitan que se diluciden rápidamente las responsabilidades políticas. Nadie ha descubierto lo inesperado, al hilo de unas cuentas en Suiza o de la publicación de papeles secretos del extesorero. Los problemas vienen de muy atrás, se conocen por lo menos desde 2009, cuando aparecieron los primeros datos de la trama Gürtel. Si la dirección de este partido no hubiera reaccionado entonces como lo hace ahora —“un montaje”, una “trama contra el PP”, dijo en 2009—, pretendiendo dar por cerrado el caso antes de investigarlo, los españoles no estarían hoy frente a una grave pérdida de credibilidad del partido gobernante cuando la recesión, los problemas sociales y la corrupción agobian a los ciudadanos.

La dirección del PP se juega su futuro en ofrecer una pronta y clara explicación sobre un sistema de contabilidad y retribuciones irregulares que procede de los primeros años noventa, cuando José María Aznar presidía este partido. Dieciocho años de un sistema de financiación irregular son demasiados: el PP tiene un problema de fondos secretos y de nada le vale encerrarse en un búnker. Por lo demás, el presidente del Gobierno debe una explicación coherente y clara a los ciudadanos.