Ciudadanos o consumidores

Es de suma importancia que los ciudadanos sean conscientes del cambio que significa recibir un servicio público que se financia con un impuesto a recibirlo pagando una tasa.

En el caso de la justicia, pagar por acceder a ella significa traspasar la delgada línea que diferencia al ciudadano del consumidor de un servicio que debe prestarse con un estándar de calidad que obliga a dictar sentencia en los plazos que marca la ley.

Un ejemplo: la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece en el artículo 414 que una vez contestada la demanda el juzgado convocará a las partes en tres días para celebrar una audiencia previa en el plazo de 20 días, para después (artículo 429) celebrar juicio en 30 días y dictar Sentencia en 20 días (artículo 434). Es decir, en 73 días desde que se contestó la demanda el pagador de la tasa tiene derecho a tener una sentencia. La realidad es bien distinta, el periodo medio hasta obtener sentencia es de 18 meses.

Si los plazos marcados en la LEC no se cumplen, la Administración, que cobró la tasa, incumple y el ciudadano podrá exigir que se le indemnice por los daños y perjuicios que se le ocasiona. Este Gobierno no parece haberse dado cuenta de la dimensión del problema en el que se ha metido.— Francisco Javier Blanco Segarra.