Más transparencia

Nadie puede negar a Mariano Rajoy la capacidad de tomar decisiones muy duras, como ha hecho durante su primer año en el poder. Pero hace falta algo más cuando buena parte de esas decisiones no estaba recogida en la oferta electoral que le llevó a la victoria en las urnas. Rajoy carga la responsabilidad en el debe de la herencia recibida de los socialistas y parece que piensa seguir así, habida cuenta de la frecuencia con que recurre a una explicación de la que había prometido no abusar. El Gobierno precedente dejó las finanzas públicas en una situación indudablemente mala, pero ese no puede ser el único argumento tras el que justificar la falta de transparencia con la que trabaja La Moncloa.

Nada explica por qué se legisla tanto a golpe de decreto ley en vez de tramitar proyectos para que se debatan en el Congreso, sobre todo porque la mayoría absoluta pone al Gobierno al abrigo de cualquier derrota; ni por qué se reitera la promesa de revalorizar las pensiones hasta pocos días antes de anunciar que no es posible hacerlo, como si hubiera sido un descubrimiento repentino. Es contradictorio reclamar la ayuda del PSOE para oponerse a los planes separatistas del nacionalismo catalán, al tiempo que el Ejecutivo hace poco o nada por atraer a los socialistas a la tarea de salir de la crisis.

La primera víctima institucional de este procedimiento es el Parlamento, cuyo papel se reduce en demasiadas ocasiones a una mera formalidad. No hay nada que justifique la falta de aportación de datos y documentos en los que se apoyan las medidas más duras, ni la ausencia de detalles sobre las ayudas a la banca o el porqué del bloqueo a la investigación parlamentaria sobre el sector financiero nacionalizado. Los ciudadanos necesitan información fiable y transparencia, no un ucase detrás de otro. En su ahorro de los procedimientos propios de la democracia representativa, el Gobierno tampoco parece mostrar excesivo interés en resolver los problemas políticos en las instituciones. Tanto es así que el Tribunal Constitucional se ha convertido de nuevo en una suerte de tercera Cámara, encargada de arbitrar las disputas entre políticos.

El escaso apego a la cultura de la negociación y del pacto se extiende a los colectivos afectados por recortes presupuestarios y reformas varias, de manera que desde los médicos a los profesores, los jueces, los fiscales, los científicos o los funcionarios, a ninguno les queda prácticamente otro ágora que la protesta extramuros de las instituciones, con el riesgo de que esa dinámica excite sentimientos antisistema. La democracia representativa se basa en un juego de mayorías y minorías, de Gobierno y oposición, de contrapesos, no en la dialéctica de la calle contra el Gobierno.

Una de las consecuencias de todo esto es la pérdida de solidez política. Tanto la evaluación de la labor del presidente como la confianza que inspira han descendido a lo largo del año, sobre todo a partir de las medidas anticrisis de julio (subida del IVA, ahorro de 65.000 millones de gasto en dos años y medio, entre otras), porque ha calado la impresión de que el Gobierno carece de plan, improvisa y se limita a cumplir órdenes recibidas desde el exterior, lo mismo que sucedió con José Luis Rodríguez Zapatero.

En descargo del inquilino de La Moncloa hay que anotar el contexto de crisis en la zona euro y la dificultad de negociar con las autoridades europeas. Si los sacrificios que exige se tradujeran en una reactivación económica, tendría un balance que ofrecer. Pero el presidente debería encarar su segundo año de Gobierno poniendo punto final a la opacidad, engrasando los mecanismos de la democracia representativa y esforzándose para mantener la cohesión social.