Segundo salvavidas

Bruselas ha acelerado en las últimas semanas el programa de rescate financiero de las entidades bancarias españolas. El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, anunció ayer una inyección de capital de 1.865 millones de euros, procedente del Mecanismo Europeo de Rescate, a los grupos bancarios en apuros pero no nacionalizados, como Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Ceiss y Liberbank. Pero el dinero aportado no es gratis. La Comisión pone condiciones y el hecho de que fuera el propio Almunia el que explicara la operación confirma que Europa quiere que la condicionalidad quede clara y su comunicación no esté mediatizada por intereses políticos nacionales.

Las condiciones para BMN, Ceiss y Liberbank son casi las mismas que las aplicadas en el caso de las cajas nacionalizadas. La Comisión impone una reconversión en personal y oficinas. Una reducción media de tamaño del 30%, pero que en el caso de BMN llega al 40%. Describirlo con números da una idea del recorte que se busca; uno de cada tres empleados puede engrosar las listas del paro o de la jubilación anticipada en fechas próximas. Además, se limita su actividad prácticamente a su ámbito regional y lejos de la inversión inmobiliaria.

A la pregunta de si estas decisiones draconianas son las adecuadas, la respuesta es que sí, pero con varios matices. La gestión financiera de las entidades regionales, al menos en los casos señalados por la descapitalización, ha sido deficiente y muy sensible a los intereses políticos, tan estrechamente aliados a los intereses regionales o autonómicos que en algunos casos han coincidido enteramente y arruinado las cajas. Este es particularmente cierto en los casos de Bankia y las cajas valencianas, devastadas por su implicación en la promoción inmobiliaria, inducida a su vez por la connivencia de una clase política local enquistada en los Consejos de Administración y ávida de comisiones.

Pero la prohibición del negocio inmobiliario puede reducir en el futuro la capacidad de regeneración de las entidades afectadas. Más que cautelas, las condiciones de Bruselas parecen una reordenación para los próximos 20 años, en la que desaparecen las cajas como tales o quedan confinadas en reductos locales. Fuera de la supervisión única, por cierto, y, por tanto, proclives a la opacidad. Como los bancos de los länder o las cajas alemanas.

Poco después de que Almunia anunciara el pliego de condiciones, el juez Fernando Andreu tomaba declaración al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, para pedir explicaciones por la quiebra de la entidad. Unas cuentas que en marzo arrojaban unos beneficios de 300 millones se transformaban un mes después en un balance de casi 3.000 millones de pérdidas. La comisión parlamentaria no fue capaz de aclarar lo ocurrido en Bankia, nacionalizada y con una necesidad de capital de 19.000 millones. Esperemos que el juez deslinde las responsabilidades que deben conocer los ciudadanos.