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EDITORIAL

El riesgo de las agencias

La reforma de las firmas de ‘rating’ exige la separación total del negocio de consultoría

Las instituciones internacionales tienen pendiente una reforma del papel de las agencias de calificación crediticia prácticamente desde que estalló la crisis y quebró Lehman Brothers. Empresas y Gobiernos están de acuerdo en que las decisiones de calificación de dichas agencias, cuyo poder de mercado está concentrado en Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, han contribuido a deteriorar la estabilidad de las deudas soberanas y el rating de las compañías privadas, en especial de los bancos, puesto que han actuado de forma procíclica. En periodos de prosperidad alentaron la burbuja financiera e inmobiliaria facilitando con su optimismo la expansión del crédito barato; en tiempos depresivos, ahondan en la depreciación de los activos y dificultan su recuperación. En resumen, operan a favor de la corriente.

Un grupo de trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera, reunido en Nueva York, a instancias del G-20, intentará a partir de hoy poner orden en el mercado de las agencias de calificación. La iniciativa es loable, en parte porque es la primera vez que se afronta el problema con el fundamento de un informe previo elaborado por el propio Consejo. También porque la discusión está bien orientada: pretende en principio revisar y recortar los requisitos que se piden a bancos y Estados para garantizar su solvencia y reducir el número de intervenciones de las agencias en la calificación de tales requisitos.

Ahora bien, esta línea de actuación evita el fondo del problema. Las agencias de rating distorsionan la percepción del mercado por tres razones fundamentales. La primera es el carácter procíclico de sus calificaciones, ya mencionado. La segunda, y más grave, es que mantienen líneas de negocio incompatibles. El Banco Central Europeo (BCE) explica en un informe reciente que las agencias califican con notas mejores a las empresas y bancos que además tienen contratados con ellas tareas de consultoría. Una firma consultora no puede ser además auditora, por más “barreras chinas” y demás artilugios corporativos con que se pretenda disfrazar el conflicto de intereses. Los negocios deben separarse, jurídica y societariamente.

Por último, los inversores y ciudadanos —cuando se trata de Estados— tienen derecho a conocer los modelos y parámetros en los que se basa la calificación de una agencia. Con más frecuencia de la debida, estos criterios se desconocen, hasta el punto de que muchos ratings parecen simplemente arbitrarios. Si se conocieran al detalle, los inversores podrían evaluar la confianza que les suscita la calificación de un activo o de una deuda soberana y obrar en consecuencia.

La reforma del mercado de rating exige que se corrijan estas disfunciones. Las agencias son necesarias, porque los inversores no pueden tener un análisis pormenorizado de todos los valores y activos. Pero hay que evitar que actúen como un factor de agravamiento de la crisis.

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