Excesos policiales

Si hay un cargo político que debe ejercerse con prudencia y mesura es el de responsable del orden público y la seguridad ciudadana. El consejero de Interior del Gobierno catalán, Felip Puig, ha protagonizado ya en demasiadas ocasiones actuaciones polémicas, la última relacionada con la huelga general del pasado miércoles. La polémica ha sido esta vez doble. En primer lugar, por la actuación de los Mossos d’Esquadra, a causa de la cual resultó herido en Tarragona un chico de 13 años, que necesitó cinco puntos de sutura, y una mujer en Barcelona, que muy probablemente perderá la visión de un ojo.

El consejero intentó presentar el suceso como un hecho fortuito, pero todos han podido ver unas imágenes en las que unos agentes sobreexcitados actúan con una furia y una dureza injustificadas. Cuando ya estaba herido, el chico recibió más golpes y una menor que pasaba por allí fue también golpeada por afearles su agresividad. A la vista de las imágenes, hasta el presidente Mas ha reconocido el error policial. El problema radica en que no es, ni mucho menos, la primera vez que eso ocurre.

A esta polémica actuación se ha sumado, en segundo lugar, un insólito intercambio de acusaciones y descalificaciones entre Puig y la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, por la falta de protección del edificio de la Jefatura de Policía en la Via Laietana, en Barcelona, a causa de la cual, grupos de incontrolados quemaron tres vehículos policiales al término de la manifestación. La delegada del Gobierno calificó a Puig de irresponsable por dejar desprotegida la sede policial, y este acusó a la delegada de desleal y oportunista, tras afirmar que fue ella quien rechazó la protección, lo que De los Llanos niega.

El cruce de acusaciones no ha permitido dilucidar la responsabilidad de cada uno en el incidente, pero ha hecho aflorar un enfrentamiento inaudito entre quienes, desde Administraciones distintas, ostentan cargos gubernativos obligados a cooperar. Se han instrumentalizado delicadas funciones con fines electorales partidistas, alimentando la desconfianza en quienes tienen en sus manos algo tan importante como el ejercicio de la fuerza pública. En los años que lleva en el cargo, Puig ha mostrado una preocupante concepción de la autoridad policial, con una marcada tendencia a la prepotencia que recuerda demasiado aquella vieja concepción del orden público de “la calle es mía”.