Las reformas son caras

Reformar el sistema financiero español es tarea enrevesada y cara. Tan enrevesada que empezó en 2009, todavía no ha acabado  y muchos dudan de que termine alguna vez. Onerosa, porque el rescate bancario costará unos 40.000 millones (después de ajustes) y calcular esa cantidad le ha costado al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) nada menos que 31,4 millones. Es el precio que ha pagado a las consultoras que efectuaron las pruebas de resistencia bancaria en julio y septiembre de este año. Oliver Wyman, esa firma que definió el Irishbank, luego quebrado, como uno de los mejores del mundo, se ha llevado 10,5 millones; Ernst & Young, 7,3 millones; Pricewaterhouse, 5,3 millones; KPMG, 4,63 millones; Deloitte, 1,8 millones y Boston Consulting 955.000 euros. Por lo menos, las consultoras no están en crisis; y desearán que la consolidación de la banca española no concluya, para no perder una fuente tan abundosa de ingresos. Igual que Goscinny y Uderzo colocaron en la portada de Astérix y Cleopatra la cantidad de tinta, horas de trabajo, plumas gastadas y papel consumido, el Banco de España ha facilitado el escandallo del esfuerzo de las auditoras: 240.000 horas de trabajo, 40.000 de ellas fuera de horario o festivos y un coste medio de 130 euros por hora.

No es barato; se puede recurrir al chiste gastado de que están reformando la banca por encima de nuestras posibilidades. Pero la pregunta adecuada es ¿para qué? Las cuentas, globales y particulares, ofrecidas por Oliver Wyman y sus colegas coinciden con las las que difundieron instituciones públicas y privadas españolas. ¿Se fiaba más el BCE de Oliver Wyman que del Banco de España? Si se trataba de zanjar el debate sobre el coste del rescate bancario, cabría preguntarse hoy si el objetivo se ha conseguido. El debate parece aplacado por la relativa tranquilidad de la prima de riesgo; pero puede recrudecerse si empeora.

Una paradoja para el final. Las mismas auditoras que examinaron a las entidades durante lustros fueron contratadas, a instancias del BCE, en julio y septiembre para que analizaran las cuentas auditadas por sus colegas. Táctica de control cruzado para asegurar el tiro; pero, al mismo tiempo, otra declaración de desconfianza.