Sentencia en Bayamo

La condena por un tribunal cubano a cuatro años de cárcel a Ángel Carromero por homicidio involuntario zanja procesalmente la suerte del joven dirigente del PP, aunque la sentencia es teóricamente recurrible. La rebaja en tres años de la desproporcionada pena solicitada por la fiscalía en el juicio podría ser interpretada como un gesto de buena voluntad para allanar definitivamente un caso que mantiene a Carromero —al que se considera culpable de exceso de velocidad y conducción temeraria— en prisión provisional desde el 22 de julio.

El accidente protagonizado por Carromero en Bayamo nunca habría alcanzado notoriedad si el conductor no hubiera sido activista de un partido no grato al régimen cubano y si en el desgraciado siniestro no hubieran perecido dos miembros de la disidencia cubana, sobre todo Oswaldo Payá, el opositor con mayor perfil internacional, cuya familia sigue sin aceptar la versión oficial. Esa expectación y la dimensión política del caso se han mantenido hasta el mismo día del juicio —la colaboradora de EL PAÍS Yoani Sánchez fue retenida por la policía cuando acudía a cubrirlo—, descrito por el cónsul español en La Habana como “correcto, limpio y procesalmente impecable”.

Después de haber sido presentado inicialmente por las autoridades cubanas como una suerte de conspiración internacional contra el régimen, articulada en torno al activismo anticastrista de determinados sectores del Partido Popular, el caso Carromero —un accidente más en una infame carretera— ha dado paso a una diplomacia callada. Muestra de ese viraje fue la conversación en Nueva York, el mes pasado, aprovechando la Asamblea General de la ONU, de los ministros de Exteriores de ambos Gobiernos. Sin duda ha ayudado que Mariano Rajoy sea percibido por La Habana como menos beligerante que José María Aznar.

Si esa diplomacia no se malogra, el desenlace más favorable para Carromero sería su expulsión de Cuba, prevista en el Código Penal castrista, antes de cumplir la pena impuesta. De no ser así, el hecho de que no se especifique el lugar de su cumplimiento alimenta la posibilidad de que los dirigentes cubanos permitan al militante del PP que lo haga en España, al amparo del convenio bilateral de 1998. A la luz de lo sucedido en la carretera de Bayamo, cualquiera de las opciones resulta mucho más justa y razonable que su encarcelamiento en Cuba.