Límites y garantías de un proceso independentista

¿Es posible legalmente y hay condiciones para proponer en España una variante de la llamada Ley de la Claridad en Canadá que ha servido para resolver mediante referéndum la demanda de independencia para el Quebec? ¿Servirá de referencia la vía abierta y los límites de la consulta que a iniciativa del premierbritánico, el conservador Cameron y de común acuerdo entre las partes, pretenden celebrar en Escocia?

Soy partidario de tomar la iniciativa partiendo del análisis reposado de otras experiencias. Aunque es verdad que el modelo jurídico acordado para las consultas en Quebec o la fórmula que se negocia en la actualidad para Escocia, no parten de nuestra realidad. Euskadi dispone de un fuerte Estatuto de autogobierno, envidiado y reclamado por los propios nacionalistas escoceses y catalanes. Tampoco las circunstancias económicas, el estado de la opinión pública en Canadá y Reino Unido, la ausencia del terrorismo o el nivel de desarrollo de su cultura democrática son comparables con los antecedentes y situación del País Vasco.

Ahora bien, es verdad que la sociedad vasca necesita un proyecto político de cohesión social y territorial basado en un modelo incluyente de país y dirigido a dar respuesta a sus problemas más acuciantes. Empezando por la gestión de la crisis económica, porque la auténtica prioridad es iniciar el crecimiento para crear empleo y mantener los derechos sociales y siguiendo por la construcción de una convivencia que mantenga viva la memoria de las víctimas del terrorismo y el reforzamiento de los valores democráticos para consolidar la paz. La independencia no puede desviar la atención y los esfuerzos concentrados en la crisis.

Me gustaría dejar claro, ante argumentaciones demagógicas, que Euskadi no es equiparable al Sáhara Occidental. Porque ni sufrimos un estado de ocupación colonial y carencia de democracia, ni tenemos impedido el desarrollo de nuestras singularidades, ni carecemos de un sistema amplio de autogobierno. No pueden seguir negando lo evidente. Es innegable que el Pueblo Vasco no tiene derecho al ejercicio de la llamada autodeterminación, algo que sí sucede en el caso del Pueblo Saharaui por su situación y por resolución de la ONU. Tampoco podemos olvidar que en Euskadi ETA asesinaba por la independencia mientras los abertzales lo justificaban hablando de un “genocidio del pueblo vasco”.

Pero para poner freno a la permanente amenaza de la secesión unilateral, una sociedad democrática madura debe poder hablar de la independencia porque el problema existe. Planteo un cambio de estrategia que trata de preparar una respuesta política e ideológica novedosa, compleja y discutible, sí, pero profundamente democrática frente al desafío nacionalista y la ceguera centralizadora y contraria a la España plural de PP-UPyD. La clave estaría en proponer una vía consultiva de aplicación sólo para el supuesto de que los nacionalistas aceptaran avanzar hacia la independencia desde el respeto a la legalidad constitucional vigente en cada momento.

Una sociedad democrática madura debe poder hablar de la independencia

Con esa premisa y después de que se consiga la disolución de ETA y se supere la crisis, no se debería hacer oídos sordos a una petición clara y precisa, aprobada por una mayoría cualificada del Parlamento Vasco y que obtuviera el refrendo de la ciudadanía.

Nos encontramos, en resumen, con una reivindicación legítima de la independencia siempre que se realice por vías pacíficas y sea conforme con reglas democráticas, pero que jurídicamente hoy no es posible darle una salida constitucional. Ahora bien, para quienes nos sentimos federalistas o autonomistas, demócratas españoles y europeístas, nuestra respuesta no puede ser un silencio defensivo o la imposibilidad legal. No parece inteligente dar un portazo a la reivindicación, sino una respuesta en términos democráticos y desde la defensa de los principios que informan un Estado de derecho.

De ahí que, rechazando el reconocimiento de la autodeterminación, no es una locura el estudio de un referéndum regulado por Ley de Las Cortes a celebrar en la coyuntura señalada. Porque si quedara demostrada esa aspiración y pactados luego entre las partes los hipotéticos términos de la separación, sólo para los territorios que así lo expresaran, después habría que reformar la Constitución para posibilitar una salida legal, lo que incluiría la obligada celebración de un posterior referéndum en toda España.

La Fundación Mario Onaindía está haciendo estudios e informes que analizan los costes económicos, consecuencias prácticas, contradicciones, incertidumbres y perjuicios como la salida de la Unión Europea que conllevaría la independencia de Euskadi. La Fundación prepara un balance de la secesión en términos humanos, económicos y políticos, perfilando el cauce legal que pudiera consensuarse de manera bilateral con el Estado. También será valiosa su valoración intelectual con referencias históricas y afectivas sobre los vínculos que han mantenido los territorios vascos durante cientos de años con los otros pueblos de España y las ventajas de apostar por las identidades compartidas.

El nacionalismo agita la causa de la autodeterminación y la independencia como factores emocionales, de alimento político para sus bases y de movilización electoral. Además de utilizarla como arma arrojadiza con la pretensión de deslegitimar la democracia española. Y el gobierno de Rajoy es el mejor aliado de PNV y Bildu, que nunca han querido concretar las condiciones, ámbito y sujetos de decisión de una consulta clara a plazo fijo. Siempre les ha interesado el juego de la exigencia en abstracto, la confrontación de identidades y el falso victimismo contra el Estado.

Nuestra respuesta, la de los socialistas vascos, ha de manifestar el orgullo de ser autonomistas y servir para situarnos mejor ante una batalla ideológica pendiente en Euskadi en la que los principios democráticos y los valores de la cultura de la convivencia, como el respeto al pluralismo, han de arraigar en los jóvenes más que la enfermiza exaltación de las patrias y la permanente confrontación de las diferencias.

Ahora, más que nunca, quiero afirmar que la independencia de Euskadi en una Europa en crisis que reclama a los Estados más cesiones de soberanía para fortalecerse, en medio de un mundo interdependiente y globalizado del siglo XXI, me parece innecesaria, insolidaria y provocaría la fractura social de la ciudadanía.

Odón Elorza es diputado socialista por Gipuzkoa.