Cautela ante el triunfalismo

El proyecto de Eurovegas se construirá finalmente en Madrid. Una vez que se ha filtrado que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, había alcanzado un acuerdo con el magnate Sheldon Adelson y una vez que el Gobierno catalán ha arrojado formalmente la toalla presentando un proyecto alternativo en la zona de Port Aventura, la incógnita se limita ahora a conocer los detalles concretos del proyecto y las contrapartidas acordadas.

Necesitados como estamos de buenas noticias económicas y de proyectos de inversión capaces de crear puestos de trabajo, las autoridades autonómicas pueden caer fácilmente en la tentación del triunfalismo. Pero por muy necesitados que estemos de proyectos que impulsen la economía, se ha de garantizar en todo caso que los intereses privados no entrarán en colisión con los colectivos. Y desde este punto de vista, los datos conocidos durante la negociación del proyecto inducen a extremar las cautelas. Para empezar, toda la negociación sobre la ubicación del complejo ha estado presidida por una anomalía de fondo difícil de justificar si no es en el contexto de la angustia que produce el progresivo deterioro de la economía; la anomalía de que, en un proyecto que requiere de recalificaciones urbanísticas y modificaciones legales, sean los responsables políticos, y al máximo nivel, los que desfilen por el despacho del promotor, en una especie de subasta inversa para ver quien se acomoda antes y mejor a sus condiciones. Unas exigencias, por otra parte, que en otras circunstancias hubieran sido rechazadas de plano y que demuestran hasta que punto la competencia, en tiempos de crisis, puede introducir dosis de claudicación en las relaciones entre el poder político y el económico, en favor de este último.

En los últimos meses hemos conocido algunas de las condiciones que Adelson ponía para hacer la inversión. Pero no todas. Hemos sabido que exigía modificaciones en la normativa sobre juego y sobre relaciones laborales. También sobre el acceso de los menores y sobre la ley del tabaco. Se ha sabido que pedía también importantes ventajas fiscales y exención de impuestos municipales durante 10 años. Ahora sabemos que también figuraba cambiar la ley de enjuiciamiento civil y otras normas para facilitar la persecución de las deudas de juego, con el fin de que los premios que se obtengan no tributen en España, sino en el país de origen del jugador, y algunas otras que solo se explican si alguien pretende obtener facilidades para el blanqueo de dinero.

Habrá que exigir pues a Esperanza Aguirre la máxima transparencia sobre lo acordado y examinar con sumo cuidado la letra pequeña de un proyecto que se presentó con grandes dosis de megalomanía, pero se ha ido diluyendo por el camino. De los 20.000 millones de euros que Adelson prometía invertir al principio, de momento solo compromete a financiar la primera fase, 4 de los 12 resorts previstos, unos 5.700 millones. El resto estará a expensas de los beneficios de la primera fase y de obtener una financiación que, tal como están las cosas en el sector bancario, parece ahora mismo muy problemática. Tan problemática que espera que el Gobierno avale una parte de los créditos que necesita.