Racionalizar el gasto

En una entrevista, un alto cargo de nuestro Gobierno afirmaba que la mala situación económica en la que nos encontramos, emana también de la sobredimensión que los diferentes responsables han dado a las Comunidades, diputaciones y ayuntamientos. Declaraba que estas Instituciones han asumido competencias que no les corresponden.

No puedo estar más de acuerdo, pero en la actualidad la rectificación no existe. Se continúa dedicando recursos por parte de las entidades locales, comarcales y autonómicas a cuestiones que no le competen. Por ejemplo, en algunas ciudades y prácticamente en todas las Comunidades Autónomas existe todavía la figura del Defensor del Pueblo cuya utilidad a día de hoy es muy discutible.

De igual manera estamos imitando vicios muy contestados en todas las Administraciones como son las designaciones de cargos de libre disposición que se reservan todas las formaciones políticas con representación institucional.

Las diversas Administraciones mantienen una serie de asesores que puentean la labor de muchos funcionarios, aunque en su mayoría solo sirven para colocar a personas que han sido leales y disciplinados en cada uno de los partidos. Pero lo grave de todo esto es que lo pagamos de nuestros impuestos. La “asesoría” nos cuesta a los ciudadanos ingentes cantidades de dinero, cifras totalmente irracionales lo cual significa menos servicios y por tanto una menor calidad de vida. En la actualidad estos cargos de libre designación suponen menos contrataciones, subida de impuestos y disminución de sueldos del funcionariado.

La portavoz del Gobierno ha diagnosticado “la enfermedad” de forma acertada y por lo tanto no me cabe duda que aplicará el tratamiento para erradicarla.— Fernando Cuesta Garrido.