Una prórroga necesaria

La prórroga de la subvención de los 400 euros que se abona a los parados que han agotado sus prestaciones se ha convertido en un cruce de acusaciones que enturbia un debate racional sobre el caso. No es verdad que esa subvención “esté pagando los parados de Zapatero”, como dijo ayer el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. El PP debería corregir su propensión a la invectiva gratuita, porque el Gobierno anterior, más allá de que su gestión fuera criticable, no generó la crisis financiera, ni el final de la burbuja inmobiliaria, ni la recesión económica. Por el contrario, el Ejecutivo y el partido que lo sustenta deben esmerarse en explicar cuáles son las ventajas e inconvenientes de mantener la subvención, de forma que los ciudadanos puedan entender cualquier decisión al respecto.

En términos presupuestarios, con un ajuste fiscal cada vez más intenso, parece evidente que estamos ante un esfuerzo importante, de unos 500 millones de euros. En cuestiones de gasto público siempre existen opciones; la ayuda podría mantenerse a cambio de suprimir otras partidas, o racionalizar el gasto en otros ámbitos. El problema político radica en que el Gobierno ha optado por practicar recortes indiscriminados, sin explicar en ningún caso por qué suprime unas partidas, recorta otras y mantiene las restantes. No hay criterio conocido de rentabilidad social o económica en las decisiones de austeridad practicadas hasta la fecha, de forma que no es posible analizar si los ajustes realizados son los que había que hacer y menos daño causaban o si son decisiones arbitrarias.

A favor del mantenimiento de los 400 euros pesan dos argumentos de peso económico y social. Por un lado, sea mucha o poca la subvención individual, lo cierto es que constituyen un mínimo incentivo al consumo. Su eliminación tendría impacto, por pequeño que fuera, sobre la ya castigada demanda. Por otro, ese dinero delimita hoy la delgada frontera en un hogar entre un sustento modesto y la ausencia de recursos estables, o sea, la pobreza. Los acontecimientos en Écija demuestran la desvertebración social que puede producir esta. Es probable que el riesgo de pauperización aumente debido a los ajustes de empleo privado y público pendientes y los efectos de los recortes de las prestaciones por desempleo.

Todo parece indicar que el Gobierno mantendrá la subvención, aunque con modificaciones. Al menos esa es la voluntad del Ministerio de Empleo. La decisión está en manos de Hacienda y, en última instancia, del presidente Mariano Rajoy. Uno de los únicos puntos claros en este debate es que el sistema de concesión debe reformarse, porque el Plan Prepara estaba pensado como una renta transitoria para volver al empleo, algo que no se ha conseguido. Como dice Alfonso Alonso, el objetivo debe ser recuperar el empleo; pero el PP y el equipo económico del Gobierno tienen que explicar cómo piensan hacerlo.