Fronda autonómica

Preocupadas por la imposición de un techo de deuda que consideran imposible de cumplir, las autoridades de varias comunidades autónomas han generado un viento de fronda contra la cura de austeridad sin precedentes exigida desde el Gobierno de Rajoy, aunque no todas lo hacen por los mismos motivos. Si Cataluña rechazó de antemano el plan del Ejecutivo, por razones esencialmente derivadas de su presión a favor de un pacto bilateral con el Estado en materia fiscal, ahora es Andalucía la que se opone a un techo de endeudamiento que afecta a la línea de flotación del Gobierno PSOE-IU. Canarias y Asturias también han votado en contra de la limitación fijada.

La disputa viene de que Hacienda aprobó en mayo unos planes de equilibrio de las autonomías que, en el caso de Andalucía, le sirvieron de base para estimar un nivel de deuda del 15,1% en 2013. Pero el Gobierno central redujo ese objetivo en dos puntos el martes pasado, ignorando lo que había aprobado en mayo y definiendo un método para el cálculo del tope de endeudamiento cuyo punto de partida es la deuda a 31 de diciembre de 2011. El cambio de criterio lamina las posibilidades de la Junta andaluza para intentar una política de estímulo económico e incluso para pagar gastos corrientes, según se deduce de las manifestaciones realizadas ayer por su presidente, José Antonio Griñán, quien considera imposible confeccionar el presupuesto de 2013 en esas condiciones.

Técnicamente, el trato que reciben los dirigentes andaluces no difiere del resto, puesto que la limitación de endeudamiento ha sido calculada con una fórmula común para todas las autonomías. Pero se traduce en un trato igual a los que son desiguales: podrán endeudarse más los que ya están muy endeudados, y se permite menos deuda a los que habían gestionado con mayor austeridad. Así, se rebaja el techo de deuda de Andalucía del 15,1% al 13,2%, mientras que se incrementa el de Cataluña (del 21,3% al 23,5%), Valencia (del 22,4% al 23%) y Castilla-La Mancha (del 18,9% al 21,4%).

Una política de rigor es indispensable, y además el Gobierno de Rajoy se encuentra atenazado por las obligaciones que le vienen impuestas desde las autoridades europeas. Pero al igual que se ha quejado, con razón, de que España necesita una flexibilidad mayor en Europa que países en mejores condiciones, el Gobierno de Rajoy no puede pretender que la comunidad más poblada de España, azotada por un paro muy importante, corte el gasto público sin tener en cuenta tales circunstancias. Sorprende también que el ministro de Hacienda comunicara sus decisiones sin consulta previa. Esto contraviene todas las apelaciones que se vienen haciendo desde sectores moderados de la derecha y desde el PSOE a la necesidad de tratar la crisis económica y financiera de la forma más consensuada posible y muestra que el control de Rajoy sobre el sistema autonómico hace aguas.