Revisar las cesantías

El Consejo General del Poder Judicial tiene previsto responder hoy a la petición de su expresidente y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, que se considera acreedor a una indemnización por dejar la presidencia de esos órganos, después de desempeñarlos durante más de dos años. Tras el escándalo provocado por las semanas caribeñas, Dívar da que hablar otra vez, si bien su aspiración a la cesantía se apoya en argumentos legales. Según las normas que desde 1980 rigen en España para las personas que ocupan altos cargos públicos, completadas con otras posteriores, el cese de miembros del Gobierno, secretarios de Estado, presidentes del Congreso, del Senado o de altos tribunales —entre otros— da derecho a seguir cobrando el 80% de la retribución que se percibía, a lo largo de 24 meses.

En el caso de Dívar, esa cesantía equivale a 208.000 euros, es decir, 8.666 euros brutos por mes. La noticia ha soliviantado a asociaciones de jueces, sindicatos de funcionarios de Justicia y algunos partidos políticos —UPyD, IU—, que tachan de vergonzosa y escandalosa esta regalía, en medio de exigencias de austeridad y un récord de parados. Si el Consejo satisface a su expresidente, lo primero que ha de hacer es ponerse a buscar el dinero: algo más de 43.000 euros para pagar a Dívar en lo que queda de año y 103.000 en el próximo, con cargo a fondos públicos, por supuesto.

Más allá del Poder Judicial, las normas en cuestión le han salido caras al erario español. Cada vez que cambia el titular de uno de los órganos con derecho a ello, los contribuyentes tienen que pagar la retribución del alto cargo entrante, más el 80% de la del saliente durante dos años. Tal compensación se ha pagado también a personas que contaban con otros ingresos, públicos o privados, aunque esa compatibilidad ha dejado de existir a partir de un decreto ley dictado por el Gobierno a mediados de julio —lo cual va a afectar a personas de la Administración de Zapatero—. Los diputados y senadores con más de dos años de escaño, que también reciben compensaciones cuando dejan de serlo, a partir de septiembre habrán de elegir entre esa paga de exparlamentario y la nómina o pensión de otro tipo. Las mesas de ambas cámaras han vedado el cobro simultáneo.

La crisis económica y financiera está incrementando la crítica a los modos de ejercer las funciones públicas, a lo cual se ha adherido un viento de fronda contra los costes que supone pagar a los altos cargos. Hay que rechazar la pulsión populista de negar una retribución justa a la persona que sirve al Estado desde una elevada responsabilidad. Pero es hora de revisar otros gastos que, si tuvieron sentido en la época en que la democracia echaba a andar, se han convertido en algo parecido a prebendas o canonjías. Sobre todo cuando las indemnizaciones al cargo en paro no están ligadas a exigencia alguna de buena gestión.