Crimen y castigo

La condena a cinco años de cárcel de la expresidenta de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, no solo certifica el final político de la mujer que durante una treintena de años movió múltiples hilos en las islas Baleares, sino que representa un nuevo y serio paso judicial para sentar la mano a la corrupción y lanzar el mensaje de que la impunidad cada vez es más difícil. El principal de los delitos por los que Munar ha sido condenada es la malversación de caudales públicos, derivado de subvenciones y contratos a productoras y medios de comunicación bajo el control del que fue su partido, hoy disuelto y reconvertido en una pequeña agrupación. Munar ha recurrido la sentencia ante el Supremo y será el alto tribunal el que finalmente confirme o no los términos de la sentencia, pero no está de más recordar que este solo es el primero de los cinco sumarios judiciales abiertos a la reina de Mallorca.

Los jueces que la han condenado aportan un razonamiento muy interesante: le imponen cinco años y medio de cárcel, así como inhabilitación absoluta por nueve años y seis meses, atendiendo al “plus de antijuridicidad” que representa su conducta por el cargo que ostentaba, el más alto dentro de la corporación, a la sazón el Consell de Mallorca; y atendiendo, igualmente, “al contexto social que desgraciadamente vivimos y al perjuicio real y efectivo que se ha provocado al administrado, tanto en su vertiente económica como de la necesaria confianza en sus autoridades en la administración de los caudales públicos que, no obviemos, se conforman con los impuestos ciudadanos”.

Corromperse o dejarse corromper no es un delito que tenga consecuencias sobre la vida o la integridad física, pero no puede ser considerado un delito menor. Durante demasiados años se ha rodeado de una comprensión excesiva a este gravísimo fenómeno, valorado simplemente como una fea costumbre inherente a la clase política. Grave error el haber dejado correr esta interpretación, que mancha a los políticos en su conjunto. La culpa es de los principales partidos con responsabilidades de Gobierno, principalmente el PP y el PSOE.

Estos no solo permitieron la corrupción de sus propios responsables en el archipiélago, especialmente en el caso del PP (Gabriel Cañellas se salvó de la cárcel por la prescripción del caso Soller, y Jaume Matas ha sido condenado recientemente), sino que hipervaloraron el voto de la minoría representada por Unió Mallorquina. Con tal de llegar al poder, fuera en el Gobierno de las islas, en el Consell de Mallorca o en el Ayuntamiento de Palma, el partido de Munar actuaba como bisagra que favorecía a unos u otros, sin problemas políticos o ideológicos, porque se trataba simplemente de hacerse con las parcelas de influencia que permitían controlar las arcas públicas y enriquecerse. La patente de corso concedida a Unió Mallorquina por parte del PP y del PSOE ha sido una de las mayores contribuciones al desprestigio general de la política en España.