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Uno de los mayores disparates cometidos contra el prestigio de la democracia en España ha venido de la mano de los partidos políticos, que han invadido la actividad de órganos legalmente autónomos (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial…), entre los que se incluye la ruinosa invasión partidista de la cajas de ahorro.

Lo más bochornoso del caso ha consistido en aprobar leyes que hacían impecablemente autónomos a esos órganos para, de inmediato, incumplir esas leyes y entrar a saco en las instituciones sin que nadie —ni dentro ni fuera de los partidos— lo denunciara por ilegal. Mas ahora, cuando el desastre de, por ejemplo, Caja Madrid, ha entrado en la vía judicial, parece llegado el momento de cobrar la cuenta de tan larga fiesta a quienes han sido responsables de decisiones no solo indecentes desde el punto de vista de la economía de la empresa, también desde el punto de vista moral y legal.

Y conviene no equivocarse ni en las personas ni en el tiempo, porque la ruina de Caja Madrid no comenzó ni con la crisis ni con la salida de Bankia a bolsa. Se inició con el pacto firmado el 6 de septiembre de 1996 entre el Partido Popular y Comisiones Obreras que llevó a Miguel Blesa a la presidencia de la Caja. Comenzaba así:

No existe en el mundo una sola organización que admita que se le dicte lo que debe hacer desde fuera de sus propios órganos

“Reunidos D. Ricardo Romero de Tejada, secretario general del Partido Popular de Madrid, y D. Francisco Javier López, secretario de Política Institucional de la Unión Sindical de Madrid-Región de Comisiones Obreras, actuando ambos en nombre y representación, tanto de sus respectivas organizaciones regionales, como del conjunto de consejeros que por parte del Partido Popular y de CC OO forman parte de los órganos de gobierno de la Caja de Madrid, Acuerdan…”

El Sr. Romero de Tejada y el Sr. López actuaron simultánea y respectivamente como representantes del PP y de CC OO, haciéndolo en asuntos que afectaban directamente a la administración, gestión financiera y representación de la Institución, declarando actuar —así está escrito— en representación del PP y de los miembros del Consejo nombrados a propuesta del partido político y del sindicato. Una delegación que era y es ilegal. Fue así como desbancaron a toda prisa de la presidencia de la Caja a quien había sido elegido para ese cargo por unanimidad tan solo unos meses antes de ese pacto. ¿Por qué fue ilegal ese acuerdo?

Porque la ley de Cajas de la Comunidad de Madrid entonces vigente (también la actual) recogía en el artículo 22.2 lo siguiente:

“Los miembros de los Órganos de Gobierno actuarán con plena independencia respecto de las entidades y colectivos que los hubieran elegido o designado, los cuales no podrán impartirles instrucciones sobre el modo de ejercer sus funciones. Solo responderán de sus actos ante el órgano al que pertenezcan y, en todo caso, ante la Asamblea General”.

Los actuales estatutos de la Caja reproducen en su artículo 7.2 este principio legal y lo mismo hacían los anteriores estatutos en su artículo 10.

Un consejero no podía —ni puede— comprometerse u obligarse con nadie, tampoco con su partido político ni con su sindicato, respecto de su actuación en el Consejo de Administración, pues atentaba (y atenta) contra la independencia y autonomía de la Caja y subvierte los principios de su buen gobierno. Estamos ante una perversión descomunal que el mínimo respeto a las instituciones y a las leyes hubiera debido impedir. No existe en el mundo una sola organización que admita que se le dicte lo que debe hacer desde fuera de sus propios órganos y eso es, precisamente, lo que ha pasado en las Cajas, en general, y con la de Madrid, en particular.

El Consejo de Administración de la Caja, como órgano colegiado, no conoció aquel pacto y por ello no pudo debatir ni acordar acerca de su contenido, pero, eso sí, se ha visto sometido a esa ilegalidad permanentemente. Una acción capitaneada por el señor Blesa y secundada por su leal escudero José A. Moral Santín, de Izquierda Unida.

No menos chocante, dentro de esta conspiración, ha sido el hecho de que los órganos de control de la propia Caja, los de la Comunidad de Madrid y los del Banco de España no hayan intervenido nunca para impedir esa tropelía continuada. Estas prácticas ilegales de los dos grandes sindicatos (UGT también entró en ese juego) y del tándem IU-PP deberían haber sido cortadas de raíz.

Por lo tanto, si se quiere aclarar este gravísimo asunto de Caja Madrid y castigar, si fueran constitutivas de delito, algunas conductas, el juez Andreu y el Parlamento tendrían que empezar por el principio y por las dos personas que han llevado a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad hasta la ruina: Miguel Blesa y José A. Moral Santín.

Y si alguien me recuerda que fui presidente de la Comunidad de Madrid, ha de saber que los consejeros cooptados por el PSOE o los sucesivos presidentes de la Caja de aquella época jamás recibieron de mí orden alguna. Eran los tiempos en que la Caja estaba gobernada con solvencia profesional y ganaba mucho dinero.

Joaquín Leguina es economista y fue presidente de la Comunidad de Madrid.