Abuso de poder

Desde los datos de identificación personal hasta las declaraciones de impuestos, los ciudadanos están obligados a facilitar a la Administración un gran número de informaciones. Se supone que el Gobierno mantiene tales datos bajo estricta reserva y, como mínimo, incurriría en negligencia si no intentara hacerlo así. Pero sería mucho peor que se demostrara que el poder Ejecutivo está emprendiendo actuaciones selectivas para decidir qué datos mantiene bajo reserva y cuáles no, sin otro criterio para revelarlos que hacer daño a sus adversarios políticos.

El viernes 22 de junio, el PSOE entregó un documento en el Ministerio de Empleo que daba cuenta de un expediente de regulación de empleo (ERE) para más de 200 trabajadores del Partido Socialista. El lunes 25 de junio, desde la dirección electrónica de la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, se envió un correo por lo menos a un periodista, junto con un documento adjunto en el que se explicaba ese ERE, según las informaciones en poder de este periódico. La ministra tiene que explicar inmediatamente si ha realizado una filtración deliberada con la intención evidente de perjudicar al principal adversario político de su Gobierno y situarle en situación de desventaja, sin preocuparse de que tal iniciativa pudiera conllevar la indiscreción sobre la identificación y datos personales de los ciudadanos afectados por el expediente en cuestión. Y si no hubiera sido ella la autora de la filtración deliberada, es preciso investigar y descubrir quién del entorno de la ministra utilizó su dirección para cometer ese acto.

Naturalmente, el medio de comunicación que recibió la información sobre el ERE del PSOE la  publicó: era una noticia de interés y, de acuerdo con la ley y los usos habituales en la profesión periodística, los medios de comunicación no pueden ni deben revelar su fuente. El problema es que un correo electrónico desde la dirección de la ministra Báñez la delata como tal. Cuando un Gobierno viola el deber de reserva sobre los datos de los ciudadanos se hace acreedor a una doble desconfianza: la de los que le entregan (obligadamente) datos personales, y la de la oposición política, de la que se pretende abusar desde el poder. El departamento de Fátima Báñez guarda silencio sobre los hechos cuestionados. Hora es de investigar lo sucedido y de sacar las debidas consecuencias.