Un poder cuestionado

El presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, tenía dos opciones dignas: explicar de forma convincente el uso de dinero público en viajes privados o desmentirlo de raíz. No hizo ni una cosa ni otra en el último pleno celebrado por este organismo. Se atrincheró en el silencio sobre las razones por las que cargó al erario casi 13.000 euros de gastos derivados de 20 largos fines de semana en Puerto Banús —más el coste de los servicios de seguridad desplegados—, con el argumento de que sus actividades son "reservadas", y excluyó la dimisión. Se completa así el carpetazo a una denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez, abierta y cerrada por la Fiscalía del Estado casi de inmediato, sin haber investigado los motivos de tales gastos.

La fractura del Consejo entre los cinco vocales que pedían la renuncia de Dívar, los siete que solicitaban la dimisión del mensajero —Gómez Benítez, a la sazón— y los que no se pronunciaban por una cosa ni por la otra proporciona un espectáculo bochornoso para la ciudadanía, que asiste al cierre en falso de la crisis sobrevenida en este órgano constitucional.

Desde 1985, las Cámaras parlamentarias nombran a todos los miembros del Consejo del Poder Judicial. Ya es largo el debate sobre la mengua de profesionalidad, imparcialidad e independencia que implica el alineamiento de sus miembros en función del partido político que les propone, lo mismo que se sabe de las cuentas pendientes entre ellos. La designación del propio Dívar, en 2008, fue fruto de una decisión del anterior jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que contó con el apoyo de Mariano Rajoy.

Pero gastarse injustificadamente el dinero de los ciudadanos no es consecuencia de la politización de la justicia, sino de creer que es posible situarse por encima del bien y del mal. Nos hemos enterado de las semanas caribeñas practicadas por el presidente del Poder Judicial y del Supremo, lo mismo que de la costumbre de gastar dinero sin justificarlo por parte de otros miembros del órgano de gobierno de los jueces. Además de discutir la mejor forma de elegirlos, hay que asegurarse de que las altas autoridades de este país dejan de agujerear alegremente la bolsa común. Es lo menos que pueden pedir los ciudadanos llamados a enjugar los desfases del sistema financiero y de las Administraciones públicas.