España ha muerto, larga vida a España

He leído con interés el artículo que el profesor López García-Molins publicaba en este diario el pasado día 9 de mayo (Delenda est Hispania?, EL PAÍS, 9 de mayo de 2012). Las opiniones federalistas del autor son compartidas por un número cada vez mayor de personas, entre las que me encuentro. Creo que un federalismo auténtico es el modelo político natural para España, dada nuestra historia y nuestras peculiaridades culturales. Y me parece obvio que el actual reparto en comunidades autónomas no sirve como base para una distribución territorial que funcione. Por ejemplo, el troceado del viejo reino de Castilla en cinco comunidades autónomas puestas en pie de igualdad con todas las restantes desvirtúa al sistema en su conjunto. Sería necesario, por lo tanto, y como condición previa a una efectiva federalización, proponer una reordenación territorial coherente del país. En este artículo pretendo señalar los problemas a los que esta reordenación se enfrentaría.

Dejaré claros de partida mis presupuestos. En un Estado federal el poder político está estructurado territorialmente. Los diferentes Estados federados tienen voz en tanto que tales, y por medios diversos, en la política global del país. Pues bien, para que esta voz tenga una legitimidad ha de estar asociada a una organización territorial que tenga una entidad mayor que la de una mera división administrativa. Llamo naciones a estas divisiones territoriales, y en definitiva, propugno que los Estados que compongan una España federal tengan un carácter nacional.

Me lo he pesado mucho antes de emplear los términos ‘nación’ y ‘nacional’, porque, no hará falta decirlo, marcan el campo semántico más envenenado de de nuestro léxico político. Muchos españoles sentimos una prevención instintiva hacia la palabra ‘nación’. No me refiero aquí, obviamente, a los que sufren cortes de digestión cuando oyen hablar de una nacionalidad catalana porque desde su perspectiva sólo existe una nación en España, que es la española. Éstos están imposibilitados de partida para razonar en términos federales. Para ellos, establecer una estrategia política basada en una de las partes del país, o incluso pensar España desde una de estas partes, es incompatible con buscar el bien común. Es por esta razón que no me he preocupado de buscar un sinónimo menos agresivo de ‘nación’: los que sientan aversión a la idea de la existencia de varias naciones en España rechazarán de partida una efectiva federalización de país; y los que estén dispuestos a aceptar una lógica federal seguro que no encuentran nada ofensivo en la idea de que, por ejemplo, Castilla o Andalucía sean naciones.

Aparte de los centralistas más recalcitrantes, algunos nacionalistas vascos o catalanes (y tal vez también gallegos) puede que sientan rechazo ante esta extensión del uso del término nación. ¿Cómo puede ser que Castilla, o Asturias, sean tan naciones como Cataluña? Pues bien, sí, eso es precisamente lo que afirmo. Una cosa es el sentimiento nacional, y otra el hecho, casi diría que objetivo, de la personalidad histórica y cultural de ciertas regiones españolas. Y esto al margen de las consecuencias políticas que se pueda querer extraer de esta personalidad.

Un federalismo auténtico es el modelo político natural para España

La palabra ‘nación’ se puede emplear de modos muy diversos, con consecuencias muy diferentes en cada caso. Yo propongo que para clarificar el debate tomemos una definición de mínimos. Propongo que llamemos nación a un territorio que cumpla con un triple requisito de coherencia: una coherencia geográfica, una coherencia cultural, y una coherencia histórica. La coherencia geográfica parece obvia. Por ejemplo, los archipiélagos, o las ciudades autónomas, tienen una entidad propia que nadie duda en base primordialmente a sus peculiaridades geográficas. A continuación, una coherencia cultural e histórica. La lengua juega un papel muy importante aquí, pero no es el único factor relevante. Por ejemplo, Cantabria, a pesar de su diversidad geográfica con otras tierras de Castilla, es histórica y culturalmente castellana, se pongan como se pongan los regionalistas de esta provincia. Y de igual modo, el que niegue el hecho nacional catalán es que no sabe nada en absoluto de historia.

Pues bien, atendiendo a estos tres criterios, con diferente peso de cada uno de ellos en cada caso, una España federal podría constar de los siguientes Estados: Galicia, Asturias, Castilla, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Islas Baleares, País Valenciano, Murcia, Andalucía, Extremadura, León, Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Seguro que muchos han alzado las cejas ante esta división, pero les propongo que la revisen, y que vean que tiene bastante lógica. Desde luego que hay algunos aspectos discutibles (p.ej., la separación entre el País Vasco y Navarra, o entre los diferentes Estados de la antigua Corona de Aragón). Obviamente toda división tiene un punto de arbitrariedad, pero creo que las cuestiones que se plantearían serían fácilmente dirimibles. Pues bien, llegados a este punto empezarían los problemas.

El primero, y uno bastante serio, sería la resistencia de las castas políticas regionales que se han ido formando al calor del sistema autonómico. Los partidos políticos han desarrollado unas estructuras regionales muy densas, de las que viven, literalmente, centenares de cuadros medios y de empleados. Aparte de esta masa de políticos de bajo perfil, no hay que olvidar que estas autonomías son el escenario perfecto para líderes que en un contexto más amplio difícilmente habrían destacado. Estoy pensando sobre todo, en algunos personajes de la política cántabra, madrileña o castellano-manchega, pero seguro que en cada comunidad autónoma hay ejemplos de sobra. Pues bien, es de esperar que estas castas políticas ofrezcan todo tipo de resistencias a la federalización. El ecosistema al que se han adaptado desaparecería, y para ellos esto supone una amenaza en un sentido muy real.

La federalización tiene como requisito previo que las provincias reflejen realmente los límites de cada una de las naciones

Aparte, aunque creo que este problema es mucho menor que el anterior, en algunas comunidades autónomas se ha ido creando un sentimiento regional, alimentado desde la clase política que mencionábamos antes. Creo que estos sentimientos son tan artificiales, y han sido fomentados durante tan poco tiempo, que desaparecerían en cuanto se los dejase de alimentar.

Hay otra cuestión que surgiría con el nuevo Estado federal. Algunos de los Estados, como Castilla, o como una eventual confederación de las comunidades de la antigua Corona de Aragón, serían tan grandes que se correría el peligro de caer en ellos en un nuevo centralismo. Puede que para muchos esto no sea un problema, pero otros, entre los que me encuentro, seríamos partidarios de un modelo descentralizado dentro de cada Estado. Sea como sea, la federalización ha de venir acompañada de decisiones sobre la estructura de la administración local dentro de cada Estado, y esto, sin duda, provocará tensiones muy fuertes.

Hay un tercer problema, éste particularmente espinoso. Actualmente un municipio puede solicitar su secesión de una provincia para unirse a otra. Pues bien, en un país federal en el que los Estados tengan entidad nacional, estos “saltos” son cuestiones muy delicadas, puesto que suponen nada menos que una elección de nación. De hecho, se vienen produciendo disfunciones de este tipo desde el mismo nacimiento del Estado autonómico. Una muy clara es la del Condado de Treviño, que es reclamado por todos los partidos vascos (una reclamación que, no hará falta decirlo los castellanos rechazamos de plano). Otro ejemplo es el de la situación de la comarca de Utiel y Requena, y seguro que hay muchos otros casos. La cuestión no es trivial. Pongámonos el caso de Utiel y Requena. ¿Qué papel jugaría esta comarca, netamente castellana, en una eventual Nación Valenciana (por no hablar de unos Països Catalans)? ¿Se debería imponer el uso del valenciano en ella, donde nunca ha sido hablado? En definitiva, la federalización tiene como requisito previo que las provincias reflejen realmente (o al menos más realmente de lo que ahora lo hacen) los límites de cada una de las naciones. Pues bien, ¿quién abre este melón?

Pedro J. Sánchez Gómez. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad Complutense de Madrid.