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EDITORIAL

Erosión institucional

La crisis de Bankia desvela malas prácticas que exigen como lección el deber de prevenirlas

La crisis económica y financiera está desvelando anomalías y malas prácticas, cuando no manifiestas ilegalidades, en los operadores económicos y financieros, cuyo alcance había sido minimizado por la larga fase expansiva que concluye a final de 2007. Ahora hemos sabido que en no pocos países, España entre ellos, las instituciones encargadas de velar por el buen funcionamiento del sistema económico, desde reguladores y supervisores hasta los propios Gobiernos o las compañías de auditoría, han tenido comportamientos cuestionables.

Es, sin embargo, la gestión de la crisis la que está poniendo de manifiesto deficiencias serias y errores difíciles de pasar por alto: impropios del juego limpio y distantes del eficiente funcionamiento de los mercados. En Europa, las instituciones supranacionales están lejos de legitimar su existencia, los Gobiernos nacionales se muestran incapaces de frenar el deterioro económico, las agencias supervisoras pasan por alto o directamente equivocan diagnósticos.

La nacionalización de Bankia reúne una colección de despropósitos institucionales nada ejemplificadores. Desde la pistola en el pecho con la que, según la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, forzaron la fusión de Caja Madrid con la valenciana Bancaja, hasta la designación del sustituto de Rodrigo Rato a iniciativa o con la aquiescencia de los presidentes de los principales bancos competidores, sin excluir las actuaciones de los auditores o del Banco de España, hay pocas razones para minimizar la desconfianza en el conjunto del sistema económico. Más aún cuando los contribuyentes perciben que esos agentes, lejos de asumir las consecuencias de sus errores, serán apoyados por los fondos procedentes de los impuestos para evitar males peores. Por eso, habría que valorar positivamente el primer paso dado por el fiscal general del Estado de abrir una investigación para averiguar si ha habido responsabilidades penales en la gestión de las cajas.

Tan importante como atajar el daño al bienestar de los ciudadanos que esta crisis está ocasionando es corregir las condiciones que favorecen el deterioro institucional. En especial el infringido en las que deberían hacer gala de una pulcritud y eficacia en sus actuaciones suficientes como para que los ciudadanos confiaran en su independencia y suficiencia técnica. El escepticismo ante la magnitud de los desequilibrios contables que de forma sucesiva exhiben los bancos se concilia difícilmente con esa obsesión de los responsables del Banco de España por ámbitos distantes de la supervisión bancaria, como la insistencia en la flexibilización del mercado de trabajo. La desviación de sus principales objetivos, la incapacidad para hacer valer las decisiones mas racionales para el sistema bancario tras la crisis, o las situaciones extremas a las que han conducido los auditores tienen difícil justificación. Obligan a una urgente regeneración institucional, fundamento no tanto de la recuperación económica como de la legitimación del propio sistema económico.

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